Un tribunal avala que los docentes de la concertada recuperen su sueldo

El Superior del País Vasco obliga a los colegios a pagar a los profesores el 5% que recortó la Administración - El Supremo decidirá sobre la reducción salarial

Unos 160.000 profesores de la enseñanza concertada están a la espera de las resoluciones judiciales sobre los recortes de sus sueldos a cuenta de la crisis económica: en torno a un 5% de media, en consonancia con los de la enseñanza pública. Hasta ahora, los tribunales superiores de distintas comunidades (por ejemplo, en Aragón y en Castilla y León) han respaldado esos recortes, a pesar de que estos profesores no son funcionarios. Al ser centros privados subvencionados, sin embargo, las Administraciones abonan directamente los sueldos docentes por medio del pago delegado. Además, en la mayoría de autonomías hay acuerdos de equiparación salarial con los profesores de la pública, lo que vincularía para bien, pero también para mal. Así, como las decisiones anteriores están recurridas, será el Tribunal Supremo el que finalmente tenga que dirimir.

160.000 maestros están a la espera de que se resuelva este contencioso
Extremadura les ha compensado la disminución con un complemento

Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior del País Vasco ha venido a introducir más complejidad a la situación. La resolución, hecha pública la semana pasada, obliga a los centros concertados a pagar el sueldo íntegro a sus profesores, después de que el Gobierno vasco redujera por ley la financiación para pagar los salarios. El fallo, que también será recurrido ante el Supremo, declara no ajustado a derecho el recorte de sueldos porque incumple el convenio colectivo. Aunque es el Departamento de Educación el que paga los salarios, la diferencia creada por el recorte con respecto a los salarios establecidos en el convenio deberá ser sufragada por los colegios. En la comunidad vasca hay unos 15.000 docentes en la escuela concertada.

Aunque la situación del País Vasco tiene algunas diferencias con el resto de comunidades, la sentencia puede tener impacto en toda España, ya que "el Supremo resolverá, posiblemente hacia finales de año, a partir de las fundamentaciones jurídicas de estas primeras sentencias", dice Juan Martínez, del Gabinete de Estudios de CC OO.

Los recortes a la concertada comenzaron a mediados del año pasado, cuando el Gobierno central publicó el decreto de austeridad. Aquel texto rebajaba el sueldo de los docentes funcionarios un 5%, pero nada decía de la escuela subvencionada. Sin embargo, la mayoría de comunidades se lo aplicaron también, aunque con distintos criterios y sobre los complementos autonómicos. Así, el resultado va desde el 0,7% de recorte en Asturias -unos 220 euros menos al año- hasta entre el 6% y el 7% en Cataluña -unos 2.200 euros anuales en secundaria-, según los cálculos del sindicato Fsie. En el País Vasco no afectaba aquel decreto, sin embargo, el Gobierno autónomo decidió rebajas similares. Ahora, los Presupuestos Generales del Gobierno central de 2011 ya mencionan expresamente a la concertada, y complican aún más la situación, pues se refieren al sueldo base, no a los complementos, lo que toca más de lleno a los convenios colectivos.

Para Jesús Gualix, responsable de educación concertada del sindicato FETE-UGT, será clave la decisión judicial en Cataluña sobre este mismo tema, que se espera que llegue en breve. "Sumada a la del País Vasco, puede sembrar dudas sobre la legalidad de los recortes", dice Gualix.

Extremadura ha encontrado una solución particular al conflicto: ha acordado con los sindicatos que lo que se les quita por ley del salario base, se les compensará con un complemento autonómico, explican tanto Gualix como Jesús Pueyo, secretario general de Fsie. Pueyo añade que su organización está dispuesta a llevar la cuestión al Tribunal Constitucional si es necesario.

Martínez, de CC OO, se queja de una falta de criterios claros por parte del Gobierno central "que puede acabar con el modelo de negociación colectiva en la concertada", y reclama "un acuerdo estatal entre Administración, sindicatos y patronales". Añade que, si bien la sentencia del País Vasco garantiza la prevalencia de los convenios, también "puede poner en una difícil situación a muchos centros concertados".

Ese fallo "supone la quiebra del pago delegado [por el que la Administración paga los sueldos de los docentes de la concertada] y de la negociación colectiva", se queja Luis Centeno, director de la asesoría jurídica de Escuelas Católicas (patronal mayoritaria de la concertada en toda España). Se trata de que esos convenios pueden ser papel mojado si la Administración puede cambiar las condiciones del juego sin ser responsables de las consecuencias, asegura Centeno.

Protesta de docentes de la escuela concertada por el recorte salarial, en noviembre, en Barcelona.
Protesta de docentes de la escuela concertada por el recorte salarial, en noviembre, en Barcelona.C. RIBAS

Cuotas para pagar las nóminas

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco obliga a los centros concertados a poner la diferencia entre lo que aporta el Gobierno autónomo y los sueldos estipulados en el convenio de sus profesores. Según Aitor Bilbao, director general de la religiosa Kristau Eskola, una de las patronales con mayor peso del sector, necesitarán nueve millones de euros para hacer frente a lo que se les exige, lo que les aboca a la desaparición, asegura.

El problema radica en cómo lograr esa financiación adicional, ya que cobrar cuotas de enseñanza a las familias en las etapas concertadas es ilegal. Así que los magistrados proponen un modo de pagar: "Pueden alegar otros ingresos por el desarrollo de actividades complementarias o de servicios, amén de la posibilidad de impartir enseñanzas en niveles no concertados". Dicho de otro modo, se ofrece la alternativa de que sean las familias las que paguen el resto.

Las cuotas en la concertada han sido siempre polémicas, ya que, aunque es ilegal cobrarlas por los servicios educativos ordinarios, se ha estado haciendo con carácter más o menos voluntario y, en ocasiones, exigiendo la contratación de actividades extra de pago. Para algunos, esto supone un sistema de segregación en unos colegios que deberían ofrecer una enseñanza gratuita. La concertada siempre se ha defendido diciendo que son pagos voluntarias y que, además, los necesitan porque la subvención pública no cubre las necesidades reales.

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