"La herencia de mi padre, para pagar a las víctimas de mis delitos"

La casa se llama Idiakez-Ederra y está junto a la parroquia del centro de Azkoitia, en Guipúzcoa. Es un imponente edificio de cuatro plantas estilo mudéjar, declarado monumento histórico por el Gobierno vasco. Parte del palacete -el 20%- era propiedad de Luis María Lizarralde Gogorza, que dejó dos hijos tras su muerte, en octubre de 2004. Uno de ellos, Luis María, llevaba entonces 10 años preso por haber pertenecido a ETA. Fue condenado por la Audiencia Nacional a 74 años de prisión, en 1995 y 1996, por dos asesinatos consumados y uno frustrado. Los cometió cuando formaba parte activa de los comandos de la banda terrorista, a finales de los años 70 y principios de los 80. Huyó de España, fue detenido en Uruguay en 1992 y extraditado a Madrid dos años más tarde.

Lizarralde, de 55 años, fue de los primeros reclusos de la banda en apartarse de sus consignas y rechazar la violencia. Ahora ha ofrecido su herencia para satisfacer las indemnizaciones civiles que debe pagar a las víctimas de sus delitos. "Cedo la parte que me corresponde a efectos de resarcir a las víctimas", escribió en diciembre de 2010. Una vez que se produjo la aceptación notarial del legado, y la valoración en 100.813 euros de su cuota (la mitad de un local y dos viviendas de la casa-torre Idiakez), informó al juzgado de que la casa estaba en venta y de que, una vez que esta se produjera, el dinero se entregaría a la justicia. El juzgado de vigilancia penitenciaria del tribunal, cuyo titular es José Luis de Castro, dictó una providencia el pasado 11 de marzo para remitir el asunto a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Las víctimas del terrorismo no tienen que esperar a que el condenado pague para recibir las indemnizaciones. Las adelanta el Estado. De otra forma, probablemente no las cobrarían nunca. En este caso, no será fácil vender la casa. Es antigua, está estropeada, tiene varios propietarios y necesita que una constructora disponga del dinero suficiente para rehabilitarla de forma adecuada. Como es un edificio protegido, la ley obliga, entre otras cosas, a que la fachada se mantenga. En todo caso, está a la venta, y, cuando alguien la compre, la Audiencia pondrá el dinero en manos del Estado, que ya pagó las reparaciones.

Lizarralde fue condenado por el asesinato del teniente coronel del Ejército José Luis de la Parra y por el atentado en el que murió el guardia civil Luis Miranda, ambos perpetrados en 1981. Está también vinculado al asesinato, en 1980, del dirigente de UCD Ramón Baglietto. El fallecido era oriundo de Azkoitia, como el propio Lizarralde. Por ese asesinato no llegó a ser sentenciado, pero formaba parte del comando Izarra, el que lo mató.

Junto a otros disidentes de ETA, Lizarralde cumple pena en Nanclares de Oca (Álava). Estaba prevista su puesta en libertad en noviembre de 2009, pero la aplicación de la doctrina Parot lo ha dejado entre rejas hasta 2022. Desde enero puede salir de la cárcel de lunes a viernes para trabajar o hacer cursos. Se ha apartado de forma concluyente de la banda. "Reconozco que con mi actuar he causado daño y dolor y por todo ello pido perdón a las víctimas", escribió en una carta dirigida al director de la prisión el pasado 12 de enero, la misma en la que rechazaba la "lucha armada".

Para conseguir los beneficios penitenciarios, aparte de condenar la violencia, bastaba con que se comprometiera a tratar de satisfacer parte de las reparaciones civiles en el futuro, cuando tuviera un salario suficiente. Con la entrega de la casa ha dado un paso más que sus compañeros.