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Editorial:

Sombras aeroportuarias

Las huelgas convocadas por los trabajadores de AENA pueden terminar volviéndose en su contra

Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y USO contemplan llevar a cabo 22 jornadas de huelga si el Gobierno sigue adelante con sus planes de privatizar hasta un 49% de AENA, la empresa pública encargada de gestionar los aeropuertos. De acuerdo con los portavoces sindicales, su oposición no se refiere tanto a la privatización misma como al hecho de que los aeropuertos de Madrid y Barcelona estén incluidos en ella. Temen que, pese a las garantías ofrecidas por el Gobierno, la privatización acabe reduciendo los derechos de los trabajadores de dos centros de tanta dimensión como Barajas y El Prat.

Aunque las primeras jornadas de la protesta tendrían lugar en abril, existe en principio escaso margen para que las partes alcancen un acuerdo antes de esa fecha. La razón es que las posiciones de partida se refieren más a cuestiones de principio, como es la privatización o no de los dos mayores aeropuertos españoles, y no a materias sobre las que, por su propia naturaleza, podría existir una aproximación. Aun así, es importante que tanto los sindicatos como el Gobierno se hayan mostrado dispuestos a negociar.

La eventual huelga de los trabajadores de AENA se enfrenta a una opinión pública recelosa y adversa. El paro salvaje de los controladores aéreos el pasado 3 de diciembre, coincidiendo con un largo fin de semana, dejó las sensibilidades a flor de piel. Y aunque entre los trabajadores de AENA ahora convocados por las centrales no se encuentren los controladores, que disponen de su propio sindicato y son quienes despiertan mayor desconfianza, nuevas jornadas de dificultades aeroportuarias se pueden volver contra los huelguistas, debilitando su capacidad de presión. El desgaste podría ser mayor para ellos que para el Gobierno, por más que tampoco saliera indemne.

Las fechas escogidas por los sindicatos, coincidiendo con el inicio o el final de vacaciones, muestran su voluntad de provocar el mayor trastorno posible en los desplazamientos, y auguran potenciales conflictos en la fijación de los servicios mínimos. El razonamiento implícito de las centrales para seleccionar las jornadas de huelga no es de recibo, puesto que se propone incrementar su fuerza de negociación frente al Gobierno por la vía de afectar al mayor número posible de pasajeros. Se trata, sin duda, de una opción amparada por su derecho de huelga, pero que exige, en contrapartida, acatar unos servicios mínimos acordes a las previsiones de tráfico aéreo en jornadas de inicio y final de vacaciones.

Los portavoces sindicales han manifestado que su intención es abrir un debate en la sociedad sobre la privatización de los aeropuertos. No es solo un debate necesario, sino también imprescindible. Pero es paradójico que se invite a hacerlo a una sociedad a la que, al mismo tiempo, se coloca bajo amenaza. Las simpatías que pueda encontrar el rechazo a la privatización de los aeropuertos en algunos sectores de opinión podría verse enajenada si los sindicatos crean graves trastornos a los pasajeros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de marzo de 2011