Dos consejerías alertaron del impacto de la ampliación del puerto de Tarifa

Cuatro consejerías andaluzas se pronunciaron sobre el proyecto final de ampliación del puerto de Tarifa, que pretendía llevar a cabo la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, dependiente del Ministerio de Fomento. Y dos de los departamentos de la Junta -Agricultura y Pesca y Medio Ambiente- plantaron sus dudas sobre la viabilidad de la ampliación, según se desprende de la declaración de impacto ambiental que se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado. La declaración es desfavorable porque, según el Ministerio de Medio Ambiente, el proyecto "previsiblemente causará efectos negativos significativos" y "las medidas previstas por el promotor no son una garantía suficiente".

Las pegas puestas por las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente en la tramitación contrastan con la reacción de la Junta al hacerse pública la declaración desfavorable hace unos días. El Gobierno andaluz salió en tromba a defender la ampliación.

Pero el proyecto presenta importantes impedimentos para dos de los departamentos de la Junta. Por un lado, la dirección general de Pesca y Agricultura, según la resolución publicada ayer, "considera insuficiente el estudio de impacto realizado sobre los recursos pesqueros de la zona y las medidas correctoras propuestas". Esta consejería entiende que se "infravaloran las repercusiones sobre los recursos pesqueros de la realización de las obras y el posterior uso del puerto". Respecto a la almadraba de Tarifa, el departamento de Clara Aguilera señala que se ha "incorporado al proyecto la práctica totalidad de las medidas preventivas solicitadas en el anterior informe", de 2008. Pero "se echa en falta la relativa a la interrupción de los trabajos durante la actividad extractiva de la almadraba". La consejería indica que el puerto no ha tenido en cuenta tampoco que el área está declarada "zona de producción de moluscos", en concreto de erizos y anémonas, y que el promotor utiliza "datos erróneos sobre su captura y comercialización".

Por otro lado, la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente, que en 2008 emitió un duro informe contra el proyecto, entiende ahora que "la nueva alternativa presentada minimiza considerablemente los impactos". Pero alerta de que el proyecto significaría "la pérdida de un número indeterminado de ejemplares de P. ferruginea, L. byssoides y D. petraeum". Medio Ambiente también considera que "se afectará ineludiblemente a una población, fijada al dique exterior de las actuales instalaciones portuarias, de 58 ejemplares de Patella ferruginea, catalogada como en peligro de extinción". La consejería entiende que "las medidas para compensar la pérdida del hábitat de estas especies deberían de formar parte de un proyecto singular aprobado previamente por esa consejería". Y reclama "un plan de traslocación y rescate de los ejemplares afectados".

La consejería sí descarta, al igual que la Fundación Migres, "impactos significativos" sobre las aves migratorias "en lo referente al efecto barrera que pudiera originar la ampliación del puerto". Sin embargo, en la declaración publicada ayer en el BOE, se indica que a Medio Ambiente le "preocupa la valoración de impacto moderado sobre el calderón común y el delfín mular, catalogados de interés especial y vulnerable, respectivamente, y de impacto severo en el caso del cachalote y del rorcual común, catalogados como vulnerables". Y que "las medidas propuestas durante la fase de explotación exceden del ámbito del proyecto de obras presentado y probablemente de la propia gestión del futuro puerto".

Las consejerías de Cultura y de Obras Públicas y Vivienda sí dieron su visto bueno al proyecto.