El exalcalde de Totana exigió en comisiones 15 millones, dice el fiscal
La Fiscalía Anticorrupción presentó el viernes su escrito de acusación contra el exalcalde de Totana y aún diputado autonómico murciano Juan Morales Cánovas, para quien pide 28 años y ocho meses de prisión. El escrito desgrana todos los indicios de corrupción urbanística hallados durante la investigación del exdirigente del PP: cohecho, blanqueo de capitales, fraude, falsedad, malversación...
El fiscal señala: "En la legislatura de 2003-2007, siendo alcalde y amparándose y aprovechándose de tal condición de máximo responsable municipal", Morales fue "un triste y claro ejemplo de lo que nunca debe hacer un cargo público, esto es, el usarlo para servirse del mismo con un fin estrictamente privado, buscando en muchos casos de una forma desmedida el beneficio económico particular, y en otros casos, buscando el trato de favor para sus amistades, utilizando para conseguir tales fines todos los mecanismos e instrumentos necesarios para no dejar rastro o huellas de sus quehaceres al margen de la más elemental normativa y sin el más mínimo recato tanto él directamente como, en la mayoría de los casos a través de terceras personas, tanto físicas como jurídicas, y tanto públicas como privadas, a las que utilizaba como testaferros a modo de parapeto a fin de ocultar que detrás de esos movimientos estaba su persona".
Tal manejo habría sido imposible si Morales no se hubiera dotado de poder absoluto: "Al menos desde 2004 centralizó en su persona todas las actuaciones urbanísticas importantes del municipio".
El escrito detalla que Morales, tras perder la alcaldía de Totana en 2007 -que ocupó de 1995 a 1999 y de 2003 a 2007-, siguió tutelando sus intereses privados desde su puesto de diputado regional, escaño que ocupa desde 2003. "Siguió aprovechándose de su condición de servidor público con posibles influencias en la Administración, al ser miembro de la comisión parlamentaria de Ordenación del Territorio en la Asamblea regional". La Fiscalía tiene indicios de que las comisiones que solicitó superan los 15 millones de euros.
Fruto de tales operaciones, Anticorrupción ha hallado que Morales tiene "una gran cantidad de dinero que excedía con mucho su capacidad de ingresos por la vía oficial, teniendo tanto un exceso de movimiento de dinero en metálico como una gran actividad en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, que no ha podido justificar su procedencia lícita". En concreto, el fiscal encargado del caso le imputa el manejo de más de medio millón de euros de dinero negro entre 2006 y 2007, cuando todos sus sueldos oficiales no subían de 100.000 euros.
