Interior ultima su investigación interna del 'caso Tellería'
La Ertzaintza cree que tardará años en superar el daño a su red de informantes
Las tensiones entre Interior y los encargados de investigar la supuesta trama de espionaje del caso Tellería -el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, Roberto Ramos, y el fiscal jefe alavés, Josu Izaguirre- alcanzó su máximo después de que el juez pidiera el mes pasado la apertura de otra causa en Bilbao para investigar si alguien en la Ertzaintza pudo cometer un delito de falsedad en alguno de los informes enviados al tribunal.
Aunque fuentes oficiales de Interior sostienen que no hay novedad y se limitan a recordar que el consejero, Rodolfo Ares, dará la respuesta oportuna en la Cámara a una pregunta del PP, otras fuentes del departamento han confirmado a EL PAÍS la apertura de una investigación interna, que se está ultimando, para dilucidar si alguno de los agentes implicados actuó de forma incorrecta. El juzgado considera que se omitieron en los informes remitidos por la policía autonómica dos datos que vinculaban la información encontrada en poder del exdirigente del PNV alavés Aitor Tellería con las bases de datos policiales.
El departamento indaga si hubo irregularidades en informes oficiales
Informantes de la policía vasca se muestran ahora reacios a colaborar
Queda por ver si la consejería aprecia finalmente alguna irregularidad o si, por contra, defiende la actuación del cuerpo, en línea con lo manifestado por el propio Ares en las últimas semanas. El consejero ha recalcado en todo momento que fue un ertzaina destinado a la investigación de la supuesta trama corrupta del caso De Miguel quien alertó de la existencia de las fichas de información en un disco duro externo de Tellería. Ares ha resaltado hasta ahora la plena colaboración del cuerpo en la investigación.
El juez señalaba en el auto con el que cerraba la instrucción de la causa que la Ertzaintza omitió en sus informes que los términos "Zulo", en refrencia al periodista de La Razón Jesús María Zuloaga, y "Reales Tercios", nombre de una asociación monarquíca vinculada a las Fuerzas de Seguridad del Estado, sí figuraban en informes de fuentes de la Ertzaintza que terminaron siendo entregados al juzgado.
Interior se resistió a facilitarlos durante meses, motivando las sucesivas prórrogas del secreto de sumario, con el argumento de que esos datos podían poner a varias personas en la diana de ETA. Y recordaba que varios aspectos de la investigación fueron difundidos por la prensa. El juez señala que la no identificación de esos términos retrasó su investigación.
Cabe la posibilidad de que el departamento alegue que, al ser información de carácter reservado, los datos que figuraban en los informes de fuentes no se incluyeran en el primer texto de junio de 2010 ni en las pesquisas posteriores para identificar a qué personas o entidades correspondían dichos términos.
Las mismas fuentes de Interior añaden que la investigación judicial ha causado un tremendo daño a la red de informantes de la División Antiterrorista y de Información (DAI) que reemplazó a la extinta Unidad de Información y Análisis (UIA) tras la llegada del PSE al Gobierno. La difusión en los medios de aspectos del sumario, un auténtico concentrado del funcionamiento de las redes de información de la policía vasca, ha causado una especie de efecto Wikileaks: quienes actuaban como fuentes se muestran ahora reticentes a colaborar por miedo a que su nombre o los datos que faciliten terminen en la prensa. Las fuentes informantes sostienen que la Ertzaintza tardará "años" en recomponer el daño causado.
El contenido de las fichas encontradas en poder de Tellería no consta textualmente en las bases de datos policiales ni en los informes de fuentes de la lucha antiterrorista, pero sí se pueden deducir algunas informaciones incluidas en los partes, como las vinculaciones de varias personas citadas en los mismos con el CNI. Además, siete de los mencionados en las fichas figuraban como fuentes en las bases de datos de la UIA. Solo dos de ellos -un exfuncionario de Interior vinculado a los servicios secretos apodado El Tarta y Zuloaga- lo hacían con cierta regularidad. Otras cinco personas tenían relación con la UIA por diversos motivos, como pertenecer a un colectivo amenazado por ETA.
El auto que cierra la instrucción apunta más bien a la posibilidad de que los dos ertzainas imputados, Carlos Lau y Jesús Acha, hubiesen ido recabando información aprovechando su puesto en la UIA que después terminaba en manos de Tellería.
El abogado del exdirigente del PNV rechaza esta teoría y asegura que la información probablemente llegó a su cliente a través de los anónimos que recibía el partido. El periodo investigado es el primer semestre de 2008, cuando el PNV estaba al frente del Gobierno.
