Solo siete de los 100 nuevos barrios planeados echan a andar

El futuro de las áreas residenciales estratégicas (ARE), barrios pensados para movilizar suelo y desarrollar con celeridad 90.000 viviendas, la mitad sociales, se adivina muy lejano. Hace tres años el Gobierno triparto anunció la creación de 100 ARE. La figura nacía del Pacto Nacional por la Vivienda y del Decreto de Medidas Urgentes en Materia Urbanística. Un año después, cayeron 17 por el rechazo de los Ayuntamientos. El año pasado, el informe de seguimiento del macroproyecto los rebajaba de nuevo y los dejaba en 68 barrios y 70.000 pisos. Otros 12 meses después, la propia Generalitat -ahora en manos de CiU- admite que las ARE están "congeladas". "Habrá que revisarlas una a una" y solo siete están en una fase "muy embrionaria" del planeamiento urbanístico, precisa el secretario de Territorio y Movilidad, Damià Calvet. Son las de Argentona, Badalona, L'Hospitalet, Martorell, El Prat (tiene dos) y Valls.

Territorio analizará la "viabilidad" de cada uno de los ensanches planeados

El problema de las áreas residenciales estratégicas, convienen todos los consultados -responsables de vivienda del tripartito, del actual Gobierno y de la oposición-, es que llegaron tarde. Ubicadas tanto en suelos privados como públicos, eran muy oportunas cuando se anunciaron, con el precio de los pisos disparado y un brutal déficit de vivienda asequible, pero por mucho que previeran un planeamiento ágil, la crisis se les ha echado encima. El primer paso de las ARE fue la redacción de 12 planes directores urbanísticos, que agrupaban entre tres y 16 nuevos ensanches cada uno. El segundo fueron los consorcios creados por el Incasòl, que dirige el planeamiento, y los Ayuntamientos: se han constituido 34, entre los que figuran los de los municipios citados.

Calvet es muy crítico con la gestión del anterior Gobierno: "Llegaron tarde; se llenan la boca hablando de vivienda de protección, pero deberían haber comenzado en 2003, cuando entraron

. Las ARE responden a necesidades del periodo 2008-2011, por lo que son un fracaso absoluto, un intento de planificación académica que estaba falto de sentido de la realidad". El secretario de Territorio y Movilidad, adscrito al Departamento de Territorio y Sostenibilidad, opina que las ARE "tienen unas cargas excesivas, tanto para los Ayuntamientos como para los promotores, y un mal dimensionamiento". "Algunas son enormes, asustan, y ni en los tiempos de máxima actividad del sector hubieran sido realistas", añade. Conclusión: se analizarán "una a una", se hablará con los Ayuntamientos y con los privados, porque la mitad de los suelos son de promotoras, y se estudiará si son viables. "Los que no lo sean se aparcarán", zanja.Los altos cargos del anterior Gobierno consultados responden a las críticas con dos argumentos. Uno, que si las ARE están paradas es porque "todo está parado". Y otro, que suponen una enorme bolsa de sueldo "blindada a la especulación, porque la mitad va a pisos protegidos". "No tiene sentido echarlas atrás; cuando el mercado tire, tirarán", afirma el ex secretario de Vivienda, Ricard Fernández. "Seguimos pensando que es un buen instrumento de preparación de suelo para vivienda asequible. Es cuestión de mercado y de voluntad política", afirma otro ex alto cargo.

El diputado del PSC Roberto Labandera "teme la paralización" y advierte de que "exigirá" al Gobierno "el impulso de las ARE", ya que "no se puede saltar a la torera el planeamiento aprobado". "Parece mentira que el nuevo consejero fuera alcalde. En su discurso, los Ayuntamientos brillan por su ausencia", afirma, y defiende estos planeamientos como herramienta urbanística: "La crisis pasará y nos podemos volver a encontrar como en 2000, sin suelo para vivienda protegida. En Cataluña se crean 35.000 familias al año, los pisos son necesarios". Labandera señala también que los nuevos ensanches se pueden convertir en "un instrumento de promoción económica, porque no solo se trata de hacer pisos".

En las filas de ICV, el consejero de Vivienda del primer tripartito y hoy diputado, Salvador Milà, augura que solo prosperarán las áreas residenciales estratégicas "en Ayuntamientos de CiU o donde haya particulares interesados que paguen la urbanización".El secretario de Territorio y Movilidad, Damià Calvet, explica que uno de los problemas que afronta el desarrollo de las ARE es la "delicada situación" del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl). Una situación que "hay que reconducir" y se debe, en parte, a su elevado endeudamiento. "Ha superado el límite que la propia empresa tenía establecido: 975 millones de euros". Esta deuda en parte ha sido provocada por las bolsas de suelo logístico e industrial no vendidas y por las promociones de pisos sociales de alquiler impulsadas, en las que la recuperación de la inversión es lenta, justifica un alto cargo del tripartito. Calvet también atribuye los problemas del Incasòl a "la falta de cohesión interna". "La bicefalia del anterior Gobierno", cuando el organismo tenía una pata en el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, en manos del PSC, y otra en el de Medio Ambiente y Vivienda, dirigido por ICV. El secretario habla también de "un problema de autoestima en una empresa creada en 1980 y que llegó a ser un orgullo". Para el 18 de marzo está convocada la primera reunión de esta legislatura del Consejo de Administración del organismo.