El 'lehendakari' resalta que el 70% de los parados vascos cobra alguna prestación

El lehendakari, Patxi López, rechazó ayer en el Parlamento que los grupos de oposición traten de hacer cuajar la imagen de que el Gobierno está recortando las partidas dedicadas a las ayudas sociales para quienes sufren la crisis en mayor medida,sectores desfavorecidos y personas que pierden su empleo.

Como uno de los argumentos en contra, y en respuesta a una interpelación del parlamentario de EB, Mikel Arana, esgrimió el de que más de 100.000 de los 145.000 desempleados vascos tienen algún tipo de cobertura económica, bien sea la derivada del pago de las prestaciones por parte de la administración central, bien sea la de los ingresos mínimos que garantiza la comunidad autónoma u otro tipo de ayudas como las de emergencia o el complemento de vivienda. "Es el porcentaje de cobertura y atención mayor, no solo de España, sino de Europa", afirmó. En todo caso, restarían cerca de 45.000 personas sin ningún tipo de ayuda, en lo que Arana señaló como un colectivo importante a tener en cuenta por el riesgo de exclusión y el de que crezca su número.

El gasto en ayudas sociales ha subido en dos años de 233 millones a 390

Ares reprocha al PP haber llevado al Parlamento el 'caso Faisán'

El lehendakari rebatió los números que manejó Arana, que fue alto cargo del departamento dirigido por Javier Madrazo que incluía la acción en Asuntos Sociales en la legislatura pasada: el Gobierno se está ahorrando 26 millones de euros al año al haber rebajado en 429 euros al año por cada perceptor la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) media, sostuvo.

López exhibió las cifras que su Gobierno emplea en protección social para los sectores más débiles con las de los ejecutivos anteriores, y reivindicó que el gasto en esas partidas ha crecido un 65% en dos años y que el porcentaje de personas desempleadas que tienen algún tipo de cobertura económica es el más elevado de España y de Europa. Ese gasto en el sistema de garantía de ingresos fue de 233 millones en 2008, el último ejercicio completo del anterior Gobierno. Dos años después, afirmó, ese gasto fue de 390 millones el año pasado. "Nunca se habían movilizado tantos recursos en Euskadi" con ese destino, reivindicó.

El lehendakari comprometió el sostenimiento de ese esfuerzo en este año, reiteró la premisa de vinculación de las prestaciones de cualquier tipo, sean por desempleo o sociales, con la activación laboral, y puso en valor la funcionalidad de Lanbide como instrumento para poner en relación ambas cosas, la garantía de cobertura, pero también la búsqueda activa de empleo.

Arana y López mantuvieron otro cara a cara en el pleno de control de ayer con la cuestión de las hipotecas fallidas que los deudores tienen que seguir abonando pese a haber entregado al banco su vivienda. El lehendakari se mostró partidario de modificar el sistema hipotecario para que esa responsabilidad, hoy "desequilibrada" en detrimento del cliente, cambie, pero advirtió de los riesgos que entrañaría un cambio drástico. "Podría provocar resultados más dañinos de lo que pensamos", indicó, porque las consecuencias serán un incremento del precio de los intereses y una reducción en la oferta de préstamos. López añadió que, en realidad, el sistema actual ya tiene mecanismos para hacer que la responsabilidad sea limitada y se zanje con la entrega de las llaves de la vivienda hipotecada, pero ni los bancos ni los clientes los han ofrecido o pedido, deseosos solo los primeros de prestar el dinero y los segundos de obtenerlo y comprar su vivienda.

Por otra parte, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, pidió a sus socios del PP "rigor, prudencia y responsabilidad" tras llevar su parlamentario Carlos Urquijo a la sesión de control de ayer el caso Faisán. Urquijo vio en él "un delito de colaboración con banda armada" y justificó el llevarlo a la Cámara -tras manifestar Ares su extrañeza- en que "se cometió en el País Vasco". Ares rechazó que el caso ponga en entredicho la lucha contra el terrorismo y citó los éxitos policiales más recientes.