El PSOE blinda a los exconsejeros del caso de los ERE
La suegra del ex director general figura como falsa prejubilada
El círculo rojo de la responsabilidad política en el caso de los presuntos fraudes en las prejubilaciones de los expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía está en la Dirección General de Trabajo, ocupada durante nueve años por Javier Guerrero. Y los ex consejeros que lo mantuvieron en el cargo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, no tuvieron responsabilidad alguna en las posibles irregularidades cometidas desde esa dirección general. Esta fue una de las conclusiones de la reunión celebrada el pasado jueves en la sede del PSOE de Andalucía, después de una dura sesión de control en el Parlamento en el que los diputados del PP y de IU reclamaron la cabeza política de los dos exconsejeros.
Fernández ya no es aforado y preside el Consejo Regulador del Vino de Jerez, mientras que Viera es diputado y senador por la comunidad. El PP ha fijado en él su diana política, sobre todo por su condición de secretario general del PSOE de Sevilla, una provincia que siempre ha sido inalcanzable electoralmente para la derecha.
Pero mientras los socialistas sitúan el cortafuegos en Guerrero, la oposición sigue apuntando hacia lo más alto. El PP quiere hacer una causa general de todos los fondos manejados por la Consejería de Empleo -por ahora hay 70 intrusos en 35 ERE- y han pedido la comparecencia en comisión de medio centenar de altos cargos sobre los ERE. El PSOE acusa al PP de hipocresía por pedir la dimisión del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, cuando aplauden al valenciano Francisco Camps, imputado por cohecho.
Por otra parte, Javier Guerrero introdujo como intrusa en el (ERE) del grupo SOS Cuétara su suegra, informó Público. Victorina Madrid Pisabarro percibió una póliza pese a que nunca trabajó en una fábrica de aceite del grupo gracias a la subvención de 3,4 millones que aportó en 2004 la Junta andaluza.
La SER reveló ayer que la prejubilación de Antonio García Márquez, ex edil de IU-CA en Almonte (Huelva) figura entre los 33 nuevos casos detectados. García habría sido prejubilado en la Empresa Pública de Gestión Medio Ambiental Egmasa presuntamente de forma irregular tras un despido declarado improcedente.
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