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Editorial:

Efectos perversos

El recorte de la inversión pública en I+D pone en cuestión el cambio de modelo económico

El pasado martes se hizo pública una carta dirigida al Gobierno y firmada por 2.500 investigadores sobre el futuro de la investigación en España. Se señala en ella la fuerte reducción producida en el presupuesto de I+D durante el año 2010 y las escasas perspectivas de mejora a corto plazo. La razón ha sido la crisis económica y la necesidad de hacer ajustes en el gasto, pero si hay momentos en los que se pueden verificar las prioridades de los Gobiernos, esos son precisamente los de crisis porque es cuando no hay más remedio que discriminar entre distintas opciones. Y la que se tomó a finales de 2009 no fue la más acorde con el propósito de cambiar la estructura de nuestra economía en el sentido de hacerla más dependiente del conocimiento y la innovación y menos de los sectores más vulnerables a los embates de la recesión, como la construcción.

Esa opción, que se tradujo en una disminución media del 16% y reducciones de cerca del 30% en las transferencias a los Organismos Públicos de Investigación, supuso un duro golpe a las expectativas de mejora del conjunto del sector. Y aunque este año la reducción presupuestaria ha sido mínima, el inevitable arrastre de las cifras del año pasado presagia que pasarán bastantes años antes de recuperar el impulso dado durante la primera legislatura de este Gobierno. Otra de las consecuencias indeseables del recorte ha sido la contracción en las posibilidades de contratación de jóvenes investigadores. La persistencia de las consecuencias del recorte en recursos y oportunidades de trabajo puede dar al traste con una generación de investigadores formados y entrenados en nuestras instituciones, pero que no pueden consolidar su carrera y estarán tentados de ir a trabajar a otros países. Quizá el factor del personal investigador sea el más difícilmente recuperable, dadas las reducciones del orden del 90% en las plazas de personal funcionario en todas las instituciones de investigación, y la imposibilidad de consolidar las carreras de científicos y tecnólogos con experiencia y calidad contrastada por la vía contractual.

Resulta paradójico que un Gobierno que apuesta por el empleo estable y la innovación no facilite, sino todo lo contrario, en sus propios organismos, la creación de empleos de calidad para este tipo de perfiles profesionales. Esperemos que la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en trámite parlamentario, introduzca en este punto los cambios pertinentes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 27 de febrero de 2011