El fiscal pide siete años de prisión para los dueños del grupo inmobiliario Mirador

La práctica de cobrar cantidades por anticipado por la venta de pisos que no se construyen y no devolverlas empieza a ser perseguida por la vía penal. Una juez de instrucción de Málaga ha decretado el procesamiento de los hermanos Enrique y Leopoldo Faura, administrador único y apoderado respectivamente del grupo inmobiliario Mirador, por un presunto delito continuado de apropiación indebida. La fiscalía solicita que se imponga a cada uno de ellos una pena de siete años de prisión y una multa de 12.000 euros (20 euros diarios durante 20 meses). La acusación particular, que representa a 12 perjudicados, eleva su exigencia a ocho años de cárcel.

Los denunciantes firmaron entre los años 2004 y 2005 con la sociedad Mirador de la Fortaleza contratos de compra de pisos en un edificio que la promotora proyectaba construir en Vélez Málaga, y pagaron cantidades que oscilan entre 29.960 y 43.000 euros, y que sumaron en total 400.970 euros.

La promotora cobró 400.000 euros a 12 familias por pisos que no construyó

La promoción nunca ha llegado a construirse y la promotora ni siquiera consiguió la pertinente licencia de obras, que solicitó por primera vez en marzo de 2007. El Ayuntamiento de Vélez Málaga la denegó en dos ocasiones por encontrar diversas anomalías en el proyecto, hasta que en enero de 2009 decretó la caducidad del procedimiento. Se da la circunstancia de que, en noviembre de 2008, Mirador de la Fortaleza vendió los terrenos donde proyectaba la promoción, sobre los que pesó un embargo por una deuda tributaria, sin que los clientes lograran que se les devolvieran las cantidades entregadas. Las cantidades no fueron afianzadas en una cuenta especial, como exige la ley.

Tres familias afectadas llegaron a recibir el compromiso de devolución del dinero abonado y se les entregaron unos pagarés que resultaron impagados lo que, según la acusación particular, muestra la "falta de escrúpulos" de los hermanos Faura.

La apertura de juicio por este procedimiento supone un punto de inflexión en las numerosas causas que se han abierto en los últimos años contra responsables del grupo Mirador por más de un centenar de clientes que pagaron anticipos para comprar viviendas que nunca se hicieron. La tendencia inicial de los jueces fue considerar que se trataba de incumplimientos de contratos a dirimir en la jurisdicción civil, aunque algunas resoluciones en tal sentido fueron revocadas por la Audiencia de Málaga. Finalmente, la acusación que parece prosperar en lo penal es la de la apropiación indebida en lugar de la de la estafa.

Enrique y Leopoldo Faura se enfrentan en otro procedimiento a una petición fiscal de seis años de prisión por fraude a la Seguridad Social e imprudencia punible en el funcionamiento de las 17 sociedades del grupo.