La ordenanza contra el ruido carga a los padres con las multas por 'botellón'

La nueva ordenanza municipal contra el ruido dio ayer su último paso en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Con la mayoría absoluta de los votos del PP y la oposición de PSOE e IU, la norma entrará en vigor después de una polémica que se ha centrado, por una parte, en las sanciones que se impondrán a los jóvenes por beber en la calle, y, por la otra, en la autorización para que los músicos toquen al aire libre. Los socialistas anunciaron que la recurrirán ante los tribunales.

La primera redacción de la ordenanza del ruido impedía las actuaciones en la calle, salvo autorizaciones expresas, y estipulaba que se requisarían los instrumentos de los músicos que tocaran sin autorización. Sin embargo, la intervención del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, defendiendo la música callejera obligó a redactar de nuevo el artículo 41, que ahora permite tocar sin autorización siempre que no se utilicen elementos de percusión o amplificación. Y los agentes ya no se incautarán de los instrumentos.

El portavoz del PSOE en esta materia, Pedro Santín, criticó ayer en el Pleno la definición de este artículo: "Ahora se podrá tocar con una trompeta o un saxofón pero no con un xilófono", dijo el edil socialista, que calificó la norma de "fisgona, oportunista, incoherente, arbitraria y recaudatoria". El edil destacó las incongruencias de sancionar con 90 euros el aporrear el claxon de un coche o el ruido de una moto con escape libre, mientras que escuchar la radio sin auriculares en la calle o gritar puede suponer una multa de 750 euros.

El PSOE también anunció que recurrirá la ordenanza del ruido ante los tribunales porque considera que es ilegal que, como señala el artículo 52, los padres deban pagar las multas que les pongan a sus hijos si hacen ruido en la calle.

La titular de Medio Ambiente, Ana Botella, aseguró que la ordenanza hace posible "conciliar el descanso de los vecinos con las actividades susceptibles de generar ruido" y subrayó que se presta especial atención a zonas donde existen residencias de mayores o centros sanitarios, por lo que se prohíben actividades que generen ruidos a menos de 150 metros de ellos.

El pleno del Ayuntamiento también aprobó la llamada Operación Chamartín con los votos a favor de PP y PSOE. El plan prevé una inversión de 11.000 millones de euros y la prolongación de la Castellana con el soterramiento de las vías de la estación, lo que liberará 3,1 millones de metros cuadrados para construir viviendas e infraestructuras.

El edil Ángel Pérez explicó los motivos de IU para oponerse a la operación, que calificó de "pelotazo" urbanístico, y afirmó que la empresa concesionaria Duch (formada por la Constructora San José y el BBVA) ganará 3.000 millones con esta operación. Con su habitual ironía, Pérez se dirigió al equipo de Gobierno: "Cuando les pedimos que ayuden a las personas que viven y duermen en los bancos no nos referimos a esto".

El alcalde subrayó la trascendencia de la votación, que suponía la culminación de un proceso que "ha durado más de 20 años".