La Fiscalía Anticorrupción investiga el entramado de Nueva Rumasa

Nueva Rumasa es un complejo entramado de unas 160 sociedades que se prestan entre sí cientos de millones de euros, provocando que sea muy difícil seguir la pista del dinero. Para que el enredo sea mayor, algunas sociedades que controlan a empresas afincadas en España (como Clesa o Dhul) están radicadas en paraísos fiscales o en Holanda. Además, el grupo no consolida sus balances en un holding que aglutine todas las sociedades, lo que dificulta más conocer su salud financiera. Nueva Rumasa pidió dinero -puede que hasta 140 millones- a pequeños ahorradores con el viejo gancho de rentabilidades que iban desde el 8% al 12%.

La inquietud entre los inversores crece y la Fiscalía Anticorrupción ha decidido tomar cartas en el asunto y ha pedido a la policía que trate de esclarecer si entre los factores que han llevado a las principales sociedades de Nueva Rumasa a acogerse a la ley concursal puede haber hechos que sean constitutivos de delito, según fuentes conocedoras de la investigación.

Sociedades del grupo están controladas desde paraísos fiscales

Ruiz-Mateos admite que tienen un diseño para evitar otra expropiación

La iniciativa se encuentra aún en una fase muy preliminar, en la que se están analizando la estrategia y las posibles líneas de investigación a seguir, así como los tipos delictivos en que podrían encajar los hechos, en especial en vista de las denuncias presentadas por entidades financieras y particulares.

En función de los hechos denunciados y de la información disponible, el ministerio público y las fuerzas de seguridad del Estado tratarán de esclarecer si se han cometido delitos como blanqueo y evasión de capitales, así como fraude fiscal, que suele estar asociado a los anteriores. También analiza si ha podido existir algún delito contra la Seguridad Social, falsedad en documento mercantil y perjuicio a los accionistas minoritarios por las operaciones intragrupo.

Otra de las vías abiertas es la posible estafa a los inversores en pagarés -cuyo valor de emisión era de 50.000 euros-, ya que se dijo que el dinero estaba destinado a la compra de empresas y parte se dedicó a pagar deuda con entidades financieras. También está en análisis si la información que se ofreció en un documento denominado Memoria 2010, pero que carece de los mínimos datos e informes auditados, puede contener falsedades sobre la valoración de los activos, fijada en casi 6.000 millones de euros.

José María Ruiz-Mateos hijo, consejero delegado de Nueva Rumasa, admitía esta situación con naturalidad en una entrevista con EL PAÍS. "Es cierto que tenemos sociedades en paraísos fiscales. No hay que olvidar que este grupo fue expropiado por el Gobierno hace 28 años. Ahora hemos tomado precauciones para que eso no vuelva a suceder, pero todos los impuestos se pagan en España y los puestos de trabajo también se crean aquí, no fuera de las fronteras".

Preguntado por la escasa información que pone a disposición del público en general, el mismo al que ha estado pidiendo sus ahorros sin más respaldo que la confianza, Ruiz-Mateos respondió: "No queremos ofrecer tanta información como se pide desde aquí. No hay que dar más de la debida... pero estamos estudiando cambiar nuestra política en este asunto y quizá demos más datos en el futuro, aunque entregamos todo al Registro Mercantil".

Otra de las cuestiones abordadas fue la razón por la que el grupo no tiene un holding que consolide a todas las sociedades. La respuesta, una vez más, remitía a la historia: es una manera de que no se repita el pasado, esto es, que se produzca una expropiación. Pese a que había dicho que destinaría los fondos captados de los inversores a realizar compras, Nueva Rumasa usó parte del dinero que captó de los inversores para emprender una huida hacia adelante mientras la crisis golpeaba sus negocios y los bancos le cortaban el crédito debido a sus impagados y a la situación de riesgo que tenían con las sociedades controladas por José María Ruiz-Mateos.

Hasta principios de febrero, Nueva Rumasa acumulaba 76 millones no devueltos a bancos y cajas de ahorros, así como activos impagados (letras, pagarés de empresa, etcétera) por 1,32 millones más, según diferentes datos de los registros de morosos. Este agujero supone casi el 11% del total de préstamos acumulados con la banca. Al día siguiente de publicarse esta noticia, que generó gran nerviosismo entre las entidades, Nueva Rumasa presentó en distintos juzgados la petición de acogerse al artículo 5.3 de la Ley Concursal. Incluyó sus 10 principales firmas: Clesa, Grupo Garvey, Grupo Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Carcesa, Quesería Menorquina y el Rayo Vallecano. Este artículo les concede un plazo de tres meses para negociar con sus acreedores. Se trata pues de una situación preconcursal, un paso que evita que los acreedores insten en ese plazo el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos), aunque se llegará a esa situación si no hay un acuerdo.

Las cuentas de Carcesa, la sociedad del grupo que realizó la primera emisión, muestran que a cierre de 2009 la empresa tenía 70 millones en pagarés, pero que la única adquisición había sido la de Queserías Menorquinas, que figuraba con un valor contable de 1,7 millones. Carcesa destinó parte del dinero a reducir su deuda con las entidades financieras, sobre todo a corto plazo. La mayoría del dinero fue a parar a préstamos a otras empresas del grupo Nueva Rumasa. Ahí se pierde la pista del dinero. Una pista que ahoraquiere seguir la Fiscalía Anticorrupción.