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Un sindicato pide que los 'mossos' multen los delitos y hagan de juez

El mayoritario SAP-UGT dice que la Generalitat tendría más ingresos

Contra el colapso judicial, propuestas innovadoras y por qué llevar al juez lo que puede arreglar la policía a su manera. El Sindicato Autónomo de Policía-UGT, mayoritario en los Mossos d'Esquadra, ha propuesto que los agentes de la policía autonómica asuman funciones para hacer de juez y parte y resuelvan cuestiones del ámbito penal que ahora quedan reservadas a la justicia. Por ejemplo, insultos, amenazas, falta de colaboración con la policía, desobediencia y falta de respeto.

La idea es que, tal como ocurre ahora con los boletines de multas, los policías puedan sancionar a los ciudadanos que cometan esas infracciones penales y evitarse así todo el papeleo que actualmente tienen que realizar con atestados, minutas y escritos que hay que remitir al juez y que tanto tiempo hace perder a los policías. Y es que el sindicato no deja pasar la oportunidad para recordar que esa práctica de dar explicaciones por escrito "nos recuerda a Gobiernos de tiempos pasados recientes", en referencia al tripartito.

Interior anuncia que estudiará la propuesta de hacer una nueva ley

La propuesta sindical se recoge en una carta fechada el 14 de febrero y remitida al consejero de Interior, Felip Puig, al que se pide que elabore la Ley Cívica o Ley de Civismo, para dar amparo legal a la propuesta. Una portavoz de Interior explicó ayer que todavía no se ha recibido la carta, probablemente porque se presentó la tarde del 16 de febrero en el Instituto Catalán de las Mujeres. Con todo, el portavoz explicó que la propuesta "se estudiará".

SAP-UGT no hace ninguna referencia en su carta a los derechos fundamentales, ni la presunción de inocencia, pero sí argumenta que su propuesta, además, supondría para la Generalitat una fuente de ingresos que en la actualidad se están derivando hacia los Ayuntamientos en aplicación de las ordenanzas municipales. En este sentido, se recuerda el caso de Barcelona, en el que la ordenanza cívica sanciona con 2.250 euros (1.500 con reducción por pronto pago) la desobediencia a las órdenes de los agentes de la autoridad.

El sindicato argumenta, además, que su propuesta "evitaría la criminalización de personas en el ámbito penal y el colapso de los juzgados, ya que no se abrirían diligencias penales ni judiciales para determinados comportamientos". Y además de ingresar dinero, la Generalitat "haría un ahorro en dinero en el Departamento de Justicia (instalaciones, jueces, oficiales, fiscales...)".

El sindicato argumenta que los Mossos d'Esquadra "no tienen ninguna herramienta legal administrativa para sancionar comportamientos de los ciudadanos", que sí existirían si se promulgase esta nueva ley, que permitiría "sancionar comportamientos no legales con el mismo procedimiento que una denuncia de tráfico".

Las frases de la carta

- Menos escritos. "El espíritu de esta idea es regular comportamientos de los ciudadanos hacia los agentes de la autoridad sin haber de escribir minutas, informes o escritos, que dan lugar a que los agentes pierdan más tiempo escribiendo su trabajo que realizándolo, hecho que nos recuerda a Gobiernos de tiempos pasados".

- Más ingresos. "Esta ley regularía sanciones económicas a los ciudadanos y supondría para la Administración autonómica una fuente de ingresos que en este momento los agentes están derivando a las Administraciones locales en aplicación de las ordenanzas municipales".

- Colapso judicial y ahorro. "Se evitaría la criminalización de personas en el ámbito penal y el colapso de los juzgados, ya que no se abrirían diligencias policiales ni judiciales para determinados comportamientos, y, asimismo, habría un ahorro de dinero en el Departamento de Justicia (instalaciones, jueces, oficiales, fiscales, etcétera)"

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de febrero de 2011

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