Maraña de sospechas y acusaciones

Socialistas y populares dieron ayer un tirón más para apretar la maraña en la que se han enredado a cuenta de los presuntos fraudes de los expedientes de regulación de empleo (ERE). A lo largo de la jornada, diversos portavoces de ambos partidos fueron desgranando aquí y allá nombres y fechas de supuestas anomalías perpetradas bajo la responsabilidad del contrario. Las acusaciones se formularon mediante el procedimiento -muy querido por los políticos- de pedir explicaciones al rival sobre los hechos censurables que le atribuyen.

El primero en pedir explicaciones fue el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, con Juan Ignacio Zoido (candidato del PP a la alcaldía de Sevilla), como destinatario, en relación con Minas de Riotinto. Después de una semana intensa de acusaciones por parte de los populares hacia la Junta por haber incurrido en el supuesto amaño y falseo del expediente, Jiménez repartió copias del acuerdo marco, de 2002, con la firma del subdelegado del Gobierno central (PP) en Huelva, Carmelo Sanmartín.

El socialista sostiene que la responsabilidad de ese ERE fue del Gobierno popular, y quien lo "validó", negoció con los sindicatos y aprobó fue el delegado del Gobierno en Andalucía en esa época, a la sazón, Juan Ignacio Zoido. Y aportó para subrayarlo recortes de prensa en la que éste anuncia "su decisión de aprobar la lista de prejubilaciones acordadas con los sindicatos", y el subdelegado de Huelva (Sanmartín) habla de que el Ejecutivo "va a empezar ya a trabajar caso por caso, minero por minero". Sanmartín también dice que realiza gestiones "con la máxima rapidez (...), con casos concretos nombres y apellidos".

Zoido señaló ayer que él "cumplió con su obligación" y "quien incluye y excluye [en la lista de los expedientes] es la Junta, y se va a saber toda la verdad".

Las palabras de Jiménez y Zoido fueron repetidas como un eco por sus compañeros de partido, con algunas variantes, pero con la idea común de que es el adversario quien manipula y maniobra con medias verdades.

El contraataque del PP radicó en el ERE de la base área de Morón (Sevilla). Esperanza Oña, la portavoz parlamentaria, fue la encargada de pedir explicaciones sobre la inclusión de dos cargos del PSOE de la vecina Alcalá de Guadaíra, y de un hermano de cada uno de ellos. Fuentes del PSOE del municipio aseguraron que los empleados señalados llevan en la empresa más de 40 años, informa Lourdes Lucio.