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CiU da marcha atrás

La Generalitat quiere ahora una nueva ley comercial del automóvil que deje sin efecto la aprobada en el Congreso por su partido hace una semana

"La intención es volver al punto inicial". Eso busca el presidente de la Generalitat Artur Mas. Quiere que la guerra abierta entre concesionarios y fabricantes de coches se disuelva como si nunca se hubiera aprobado la nueva regulación estatal, que establece que las marcas deben recomprar a los vendedores los coches que no hayan vendido en un plazo de 60 días. Una normativa que solivianta a la patronal de fabricantes Anfac y que, por irónico que parezca, teniendo en cuenta que las fábricas automovilísticas son clave en la industria catalana, salió adelante gracias a que CiU le dio su apoyo en Madrid la pasada semana.

Mas anunció ayer un parche para el pinchazo del automóvil: plateó la necesidad de elaborar una nueva ley de distribución comercial para "reequilibrar" el sector. Una normativa que, defendió, debe servir para encontrar un punto de unión entre fabricantes, proveedores, importadores y distribuidores. El punto de retorno a la situación anterior a la moción que apoyó CiU (y que fue presentada por BNG y PNV y también logró el respaldo del PP) pasará así por aprobar una nueva ley "en pocos meses" que deshaga el desaguisado.

Duran i Lleida admite que la norma es "muy dura" con los fabricantes

Mientras esa posible nueva regulación se materializa, el presidente trató de calmar las aguas. Se reunió con el presidente de Anfac, Francisco García, patronal representante entre otros, de Seat y Nissan, afincados en Cataluña. También mantuvo conversaciones con Aniacam, que acudió en nombre de los importadores de vehículos. Ambas agrupaciones llevan días poniendo el grito en el cielo ante la posibilidad de tener que recomprar su producto a los concesionarios si no tiene éxito de ventas.

La propuesta que Mas lanzó ayer no solo se desmarca de la norma respaldada por su partido, sino que además va en la línea de la idea del ministro Miguel Sebastián. En un encuentro que Sebastián mantuvo con representantes de las comunidades autónomas, pidió a los gobiernos que se dirigieran a sus fuerzas parlamentarias, con el fin de encontrar una situación "de reequilibrio" que agrade a todas las partes. Mientras, Josep Antoni Duran i Lleida, en Madrid también reculó y abrazó la línea de la negociación, al asegurar por la tarde que "comparte" la intención del Ministerio de Industria de revisar la legislación. Hay que "hacerla más admisible" ya que, según admitió, la modificación aprobada la pasada semana por el Congreso es "muy dura" para los fabricantes.

El sector del automóvil es una pieza clave de la industria catalana. Representa el 7,5% del PIB de Cataluña, y genera una ocupación de 160.000 personas (50.000 directos), con un volumen de negocio de 15.000 millones de euros en 2010. El sector realiza el 20% del gasto total en I+D que se lleva a cabo en toda Cataluña. ¿Por qué entonces CiU, que ahora busca el "entendimiento" impulsó una medida que la industria rechaza? Josep Sánchez Llibre, diputado de CiU en Madrid, es uno de los grandes defensores de este gremio frente a las potentes marcas fabricantes y ha expresado desde hace años su apoyo a normativas que "dinamicen las ventas", como la ampliación de ayudas a la compra de vehículos. El político, defensor de la iniciativa, es además un habitual en encuentros del sector de la venta de coches, a los que acude como experto y conferenciante y ha compartido mesa de debate en varias ocasiones con Antonio Romero-Haupold, presidente de Faconauto. Con Jaume Roura i Calls, presidente de Fecavem (Federación Catalana de Vendedores de Vehículos a Motor) le une una amistad. Ambos son naturales de Vilassar de Mar (Maresme), y Roura llegó en 1999 a presentarse como alcalde de la localidad por CiU.

Desde que se dio a conocer la nueva normativa, fabricantes y concesionarios pusieron a trabajar a sus lobbies. Han lanzado predicciones en ambos sentidos: según las patronales de los concesionarios, sin miedo a acumular existencias, la norma ayudará a proteger miles de empleos y abaratará los coches entre 400 y 500 euros. Según la patronal de los fabricantes, el riesgo de tener que recomprar coches complicará las previsiones de las marcas y las podría llevar incluso a revisar planes de inversión en sus fábricas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de febrero de 2011