La letrada, Zambrana y Miñano

Ainhoa Alberdi, la abogada cuya denuncia abrió la investigación que dio pie a la imputación de 14 personas de la órbita del PNV alavés por la supuesta trama corrupta del caso De Miguel, mantenía una relación de cercanía con algunos de los principales encausados. La confianza era tal que, en su oferta para optar al contrato de asesoría del proceso de ampliación del Parque Tecnológico de Miñano, la letrada incluyó en su currículo como referencia su experiencia en la otra gran operación urbanística de la trama investigada: la compra de terrenos para la fallida recalificación en Zambrana.

En la declaración que realizó ante el juez instructor el pasado 17 de diciembre, Alberdi aseguró que "no participó en la asistencia" jurídica para la compra de más de un millón de metros cuadrados en Zambrana. Aunque no consta en la transcripción de su testimonio, un abogado presente en la diligencia asegura que dejó entrever que lo hizo para inflar su currículo y poner su experiencia profesional a la altura de un contrato por el que cobró cerca de 440.000 euros.

Un abogado asegura que Alberdi pretendía inflar su currículo

El sumario refleja la cercanía de la abogada con varios de los imputados

El sumario de la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria detalla que la abogada asegura que no sabía nada del cúmulo de irregularidades cometidas en torno a la adjudicación del contrato de Miñano. Alberdi afirma que desconocía que la ley prohibía a los gestores del parque una adjudicación directa en una operación de tal cuantía. Y agregó que desconocía igualmente la existencia de un pacto entre su antiguo socio en al empresa Urbanorma, Jon Iñaki Echaburu, y los entonces dirigentes del PNV alavés Alfredo de Miguel y Aitor Tellería para supuestamente repartirse entre todos los honorarios cobrados.

Su versión contrasta con el hecho de que se lanzase con Echaburu a un proyecto profesional de esa magnitud y con el ambiente de confianza que muestran las 24 grabaciones que entregó a la justicia de conversaciones que mantuvo con algunos de los imputados. Preparó todo durante meses antes de interponer su denuncia en diciembre de 2009. El entonces director del parque tecnológico alavés, Alfonso Arriola, imputado, reconoció ante el juez que el contrato era ilegal y que "todos" lo sabían.

Frente a la teoría esgrimida por la denunciante, los abogados de las defensas han intentado restar credibilidad a la versión del supuesto intento de extorsión argumentando que es incompatible con el tipo de relación que mantenía, por ejemplo, con De Miguel, con quien había trabajado en el pasado.

Aunque no pueden decirlo abiertamente porque supondría reconocer que sus clientes cometieron irregularidades, los letrados de algunos de los imputados sugieren que el relato de lo ocurrido se acerca más a un ajuste de cuentas entre conocidos que a la versión de la denunciante.

En su oferta para optar al contrato de Miñano, Alberdi incluyó también el currículum de Tellería, indicando que iba a ser una de las personas que iba a desarrollar los trabajos con ella. La abogada asegura que, en la negociación previa a la firma del contrato en noviembre de 2006, De Miguel le exigió que incluyera a Tellería y a otra empresa de su confianza, Stoa, en los trabajos como condición para llevarse el contrato.

Al año siguiente, De Miguel fue nombrado diputado foral y miembro del Consejo de Administración del parque, mientras que Tellería se hizo con las riendas del semillero de empresas del parque tecnológico. Ninguno de los imputados pareció manejar la posibilidad de que Alberdi les traicionara. Es tal la confianza que el propio De Miguel le envió un correo exigiéndole "100" -100.000 euros, según la denunciante-, sin pensar que podría ser utilizado más adelante en su contra como prueba.

Tras interponer la abogada su denuncia el 2 de diciembre de 2009, la investigación condujo a las detenciones de marzo pasado, entre ellas las de Tellería, entonces miembro de la ejecutiva alavesa del PNV, y De Miguel, quien seguía al frente de la cartera foral de Administración Local y Equilibrio Territorial.