Fernández ofrece irse de Fonorte si Vizcaya avala el convenio de acreedores

El presidente del grupo Afer, Jabyer Fernández, sigue con sus críticas a la actitud de la Diputación de Vizcaya. Asegura que la institución foral bloquea desde hace un mes la resolución de la crisis de una de sus empresas, la constructora Fonorte, y se ha ofrecido a dejar su dirección y vender sus acciones. La Diputación vizcaína sostiene que el asunto está todavía en negociaciones -"hay una reunión convocada para el lunes"- y que Fonorte no ha realizado una petición formal por escrito para la aceptación del concurso de acreedores.

Fonorte se declaró insolvente hacer ahora un año y entró en la fase preconcursal. El pasado diciembre, el juez dio por concluido el concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) tras el acuerdo logrado para solventar la deuda de más de 40 millones de euros. El convenio incluye una quita del 40% (la empresa debe pagar el 60% de la deuda), con un año de carencia y tres para completar el abono. La aceptación fue por parte de 1.031 acreedores, que suponen el 63% de la deuda.

El empresario dice que se bloquea la salida de la quiebra de la constructora

Pero para que se materialice es necesario alcanzar un acuerdo en el llamado convenio privilegiado o singular, en el que en el caso de Fonorte están las tres diputaciones, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, con un pasivo de casi tres millones. La mayoría de esa cantidad, 1,8 millones corresponde a la Diputación de Vizcaya.

Portavoces de Fonorte afirmaron ayer que hace un mes plantearon un acuerdo sobre este convenio a la Diputación con las mismas condiciones, salvo la carencia, que se mejoraba de un año a seis meses. El 13 de enero se celebró una reunión con el director de Hacienda, Félix Ayarza, y otros altos cargos para exponerles la propuesta. "Pero, pese a nuestra insistencia, no nos dan respuesta. Tras una carta de Jabyer Fernández [con registro de entrada el día 10 en el Departamento de Administración Pública], por la tarde Nieves Pereda [subdirectora de Hacienda] nos envía un correo electrónico diciendo que 'no procede la firma de ningún convenio singular". Explicaron que en diciembre de 2009 la Diputación si aceptó un convenio singular con la constructora Urazca, "donde se planteaba una quita del 90%".

Fernández aseguró a EL PAÍS que la postura foral deja "en una situación de agonía a Fonorte, que tiene 50 trabajadores, y supone ir a la liquidación, con lo que no cobrarían ni los subcontratistas ni la Diputación".

El presidente de Afer denunció que existe un "interés político" de "destruirme", tras el enfrentamiento que mantuvo en abril de 2009 con el diputado general José Luis Bilbao debido al frustrado proyecto de la fábrica de pisos en serie en Alonsotegi. Por ello, aseguró que saldrá del accionariado de Fonorte y "un empresario guipuzcoano se hará cargo de la empresa si se acepta el convenio. Así, si el problema soy yo, se arregla. No quiero perjudicar a los subcontratistas y la compañía".

La Diputación de Vizcaya afirmó que Fonorte no ha realizado ninguna petición "formal por escrito" de un convenio privilegiado y apuntó que el director de Hacienda, Félix Ayarza, planteó en la reunión del 13 de enero la necesidad de esta solicitud. "El lunes se ha quedado con Fonorte para otra reunión", dijo un portavoz de la Hacienda vizcaína, quien s extraño por el hecho de que la carta de Fernández no se dirigiera a su departamento.

Precisó que, para la aceptación de estos convenios, una empresa tiene "que tener todas sus deudas pagadas y ese grupo tiene una importante deuda", en alusión a los más de 43 millones del IVA de Iurbenor, perteneciente al grupo Afer. "Lo de Urazca no es comparable, porque pagó todas sus deudas".

Por otro lado, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao ha denegado la suspensión de la calificación del informe para el concurso de acreedores de Iurbenor, en el que se acusa a la empresa de alzamiento de bienes y se exige una indemnización de 97 millones. El juez rechaza la influencia de la otra causa penal abierta contra Iurbenor, porque en ella se investiga un delito y en el concurso, la conducta imprudente de los gestores.