Gesto en Caja Madrid

La decisión del Consejo de Caja Madrid de no reconocer y no pagar los bonus de 25 millones de euros que correspondían, según acuerdo aprobado en 2006, al expresidente de la entidad, Miguel Blesa, y a otras nueve personas del comité de dirección constituye un precedente significativo (es la primera vez que se revoca un acuerdo sobre una retribución variable en una sociedad española) y, al mismo tiempo, un motivo obligado de reflexión sobre el papel que han jugado y deben jugar los incentivos variables en el buen funcionamiento conjunto de la economía. El Consejo de Caja Madrid justifica la revocación de los incentivos pactados en la Directiva europea 2020/76, todavía no traspuesta a la legislación española, que permite cuestionar los derechos de cobro de los directivos cuando la entidad percibe ayudas públicas o aumenta la morosidad en el balance.

No es difícil pronosticar una larga batalla legal, en la que los directivos afectados lucharán por demostrar que tienen derecho a esos 25 millones, puesto que se cumplieron los trámites societarios para consolidar tales derechos. Los tribunales decidirán, pero desde el punto de vista societario y político, la decisión es acertada. La opinión pública no acaba de entender que una caja que disminuyó drásticamente sus beneficios entre 2006 y 2010 premie a los gestores de esa época. Los bonus salariales a la dirección, dicta el sentido común, retribuyen la mejora de una compañía en las variables económicas o financieras que el Consejo de Administración considere prioritarias. No deberían quedar sujetos, de una vez para siempre y sin más, a un criterio de fidelización o de pacto al margen de la situación de la compañía.

La legislación española, como la europea, está huérfana de criterios y pautas para legitimar los bonus y retribuciones variables que se han prodigado en todos los países durante el periodo de prosperidad y que han causado notorios escándalos cuando estalló el crash financiero. El incentivo perverso de premiar salarialmente a los directivos que mejoraban los resultados trimestrales está en el origen de esta crisis. La legislación societaria (en España y en Europa) tiene que esmerarse en vincular los extras salariales a los resultados a medio y largo plazo, y exigir que los salarios extraordinarios sean aprobados por comisiones de retribuciones independientes. Si no se acotan estas y otras condiciones, sobrevivirá la tendencia a autopremiarse de algunos directivos.