Un exedil del PP en Madrid, culpable de un delito de malversación

El exconcejal del Ayuntamiento de Madrid Jorge Barbadillo, del PP, es culpable de un delito de malversación de caudales públicos. Así lo aceptó el acusado durante el juicio celebrado ayer en la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Madrid. El fiscal solicitaba para el imputado cinco años de cárcel por este delito, pero al final todas las partes acordaron rebajar la condena a un año y seis meses de cárcel, a lo que se suma dos años de inhabilitación absoluta. Esto supone que no entrará en prisión.

Jorge Barbadillo estuvo al frente de la empresa municipal Campo de las Naciones de 1999 a 2003, durante el mandato de José María Álvarez del Manzano. Durante ese tiempo dispuso de dos tarjetas de crédito y estuvo utilizando dinero de la compañía para su propio beneficio. Los cálculos del Grupo Municipal Socialista llegaron a los 400.000 euros. Eso llevó al concejal del PSOE Óscar Iglesias a presentar en 2004 una querella por el delito de malversación de caudales públicos cometido por funcionarios. Tiempo después se sumó el Ayuntamiento de Madrid como acusación particular.

El caso comenzó con una querella presentada por el Grupo Socialista

La fiscalía solicitaba para Barbadillo una condena de cinco años de prisión, 10 años de inhabilitación y el pago de 72.445 euros, cantidad que adeudaba a las arcas municipales, según los cálculos del ministerio publico. La acusación particular ejercida por el PSOE aumentaba la pena hasta los ocho años de cárcel y el pago de 129.000 euros por responsabilidad civil.

La defensa pidió la nulidad del procedimiento, ya que Barbadillo había sido fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Este le obligó a devolver unos 140.000 euros el pasado mes de noviembre. Como el exconcejal no había consignado el dinero, fue confiscado un mes después de una cuenta de la que era titular en el Banco Gallego.

El juicio comenzó con una hora de retraso. El abogado de la acusación particular, José Mariano Martínez de Lugo, planteó una cuestión previa, ya que el delito debía haber sido enjuiciado por un jurado popular. De hecho, la defensa de Barbadillo lo planteó durante la instrucción del caso, pero fue rechazado por el juzgado de plaza de Castilla y en un recurso posterior de la Sección 23ª de la Audiencia Provincial. Todas las partes se adhirieron ante el riesgo de que el Tribunal Supremo anulara después la sentencia y ordenara repetir la instrucción en plaza de Castilla.

Las tres magistradas de la Sección 7ª, encargadas de dictar sentencia, hicieron un receso para dilucidar si llevaban razón. No tuvieron que pronunciarse sobre la cuestión. Esa media hora de parón en la vista oral sirvió para que las partes llegaran a un acuerdo. Hubo bastante movimiento en los pasillos, incluidas varias consultas al Código Penal.

El fiscal se erigió en portavoz de todo el grupo de la acusación. Planteó varias modificaciones en su escrito de conclusiones de forma que reducía la condena de cinco años de prisión a otra de un año y medio. Para llegar a esa rebaja, apreció la atenuante de reparación del daño causado, ya que Barbadillo había devuelto las cantidades no justificadas durante su gestión al frente de Campo de las Naciones. El ministerio público también aplicó la atenuante de dilación extraordinaria e indebida en la instrucción del procedimiento. Este ha tardado siete años en ser juzgado. El fiscal anuló el pago de la responsabilidad civil al haber devuelto el dinero. La abogada defensora aceptó la propuesta, por lo que el juicio terminó en ese momento.

El exconcejal afirmó a la salida de la Audiencia Provincial que se encontraba "muy contento" después de 11 años de procedimiento. "Me habría gustado la absolución porque no había responsabilidad penal, pero al final la condena queda a título de inventario. Han sido muchas esperas y me ha perjudicado", destacó Barbadillo. "Al haberse dado una situación de negociación por todas las partes, tenía que aceptarlo", añadió el culpable.

Mucho más satisfecho se mostró el concejal Óscar Iglesias, quien recordó que su grupo llevaba razón al querellarse contra el exconcejal. "Si no llegamos a acudir a la justicia, este señor se habría librado de todo. Una vez más queda en entredicho el Ayuntamiento de Madrid, que se negó a ir contra Barbadillo por la vía penal. Esperemos que si se vuelve a producir una situación similar apueste por la transparencia y la defensa del patrimonio de los ciudadanos", declaró Iglesias.

El abogado José Mariano Martínez de Lugo mantuvo la misma versión: "Estamos muy satisfechos porque se ha reconocido por parte del acusado la comisión del delito, que es de lo que se trataba".