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Los populares barajan cambiar por multas los arrestos de los militares

Miguel González

El PP estudia la posibilidad de suprimir los arrestos disciplinarios de los militares y sustituirlos por multas, igual que ocurre ya en la Guardia Civil, salvo en los supuestos de estado de sitio o en zona de guerra. Se trata, según fuentes del Grupo Popular, de eliminar la posibilidad de que, con carácter ordinario, se impongan sanciones privativas de libertad -en la actualidad, arrestos de hasta dos meses- sin que haya intervención judicial.

Esta es una de las ideas que el PP y el PSOE empezarán a negociar a partir de hoy, una vez concluya en el Congreso el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Los dos principales partidos han consensuado las líneas generales de la ley, pero el PP ultimaba ayer más de medio centenar de enmiendas parciales. Entre otras, una que reconoce a las asociaciones de militares el derecho a ser informadas con carácter previo, a través del nuevo Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, sobre cuantas normas afecten al estatuto profesional de los militares; desde sus condiciones de trabajo al régimen retributivo, pasando por los planes de formación o la acción social.

Además, el PP propone que el Observatorio de la Vida Militar, creado por la ley, no se dedique solo a hacer estudios, sino que sea un órgano independiente, adscrito al Parlamento, que pueda recibir directamente quejas de los militares y tenga capacidad para investigarlas.

Libertad religiosa

El PP pretende aprovechar la tramitación de este proyecto para modificar los aspectos más polémicos de la Ley de la Carrera Militar, cuya puesta en marcha ha generado más de 17.000 recursos ante los tribunales.

Aunque el PSOE solo presentará hoy enmiendas técnicas, se ha mostrado dispuesto a negociar con el PP y otros grupos la inclusión en la ley del derecho a la libertad religiosa -que ahora solo figura en el preámbulo- y la obligatoriedad de que las normas que afecten a la política de personal requieran el informe previo, aunque no vinculante, del consejo donde estarán representadas las asociaciones.

En cambio, socialistas y populares están de acuerdo en excluir la celebración de elecciones como método para elegir a los representantes de las asociaciones en el futuro Consejo de Personal.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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