La Liga de fútbol parará contra la obligación de televisar en abierto

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) anunció ayer que cancelará la jornada de Liga del 2 y 3 de abril (trigésima de Primera División y trigesimosegunda de Segunda) si el Gobierno no suprime la obligatoriedad de emitir un partido en abierto y gratis para el espectador, vigente desde 1997, cuando se aprobó la ley del fútbol, impulsada por el entonces vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos. Los clubes, que también quieren impedir que los resúmenes de los partidos ligueros se emitan gratis -salvo 90 segundos en los telediarios- esperan que el cambio entre en vigor para el curso 2012-2013, fecha en la que finalizan los contratos ya firmados con los operadores, y disputarían la jornada si observan "avances concluyentes" durante las negociaciones con el Ejecutivo. En caso de que se produjera el parón, la Liga acabaría el 12 o 13 de junio, y no el 22 de mayo.

Los grupos parlamentarios callan sobre una reforma de la ley

La legislación española, que no tiene parangón en el entorno comunitario, ampara el fútbol gratis. La nueva ley audiovisual deja en manos del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) la elaboración bienal del catálogo de acontecimientos de "interés general" que se deben emitir en abierto para todo el Estado. Pese a que la ley está a punto de cumplir un año, los partidos no han dado un paso para la creación del CEMA (no ha prosperado en el Senado el plan de integrar este organismo en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones).

Pero el hecho de que el nacimiento del CEMA esté congelado no deroga la obligación de dar fútbol gratis. Una disposición transitoria avala que la Liga es de "interés general" y obliga a que se emita en directo y abierto un encuentro de Primera División por jornada. De paso, también las semifinales y la final de la Copa del Rey.

Los principales grupos parlamentarios, consultados ayer por este diario, prefirieron guardar silencio sobre las reivindicaciones de la Liga. La portavoz de Deportes de CiU en el Congreso, Montserrat Surroca, sí se pronunció. Y lo hizo para dar por bueno el modelo recogido en la ley audiovisual, que no suscitó polémica durante el trámite parlamentario. La diputada de CiU considera que quizá sería conveniente analizar la gestión de los derechos audiovisuales del fútbol para alcanzar "un sistema más equilibrado" entre los clubes.

Recuerda Surroca que una de las opciones que se debatieron en la subcomisión del deporte profesional fue el "modelo centralizado" que utilizan otros países. En España son los clubes los que negocian con los operadores. Divididos radicalmente en dos grupos, se han unido ahora para reclamar el fin del partido semanal en abierto, que les reportaría entre 150 y 200 millones de euros anuales más, según sus cálculos, y aliviaría su maltrecha economía. Además, utilizarían esos nuevos ingresos para acabar con la deuda que algunas de las sociedades anónimas que forman parte de la LFP tienen con la Seguridad Social y Hacienda: más de 627 millones de euros ya a finales de 2008, según el Gobierno, que proporcionó el dato tras una pregunta parlamentaria del PP. Así, los equipos que no estén al día con la Administración se comprometerían a destinar un 15% anual del total de sus contratos televisivos a saldar cuentas.

"Es absurdo que se retransmita un partido en abierto, muchas veces en los canales autonómicos, cuando los financian los ciudadanos con sus impuestos", valoró Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid. "Queremos que sea de pago, porque de esa manera le sacaríamos un mayor rendimiento y así, además, evitaríamos que esas televisiones tengan que desembolsar ese dinero".

En la misma línea, la Agrupación Europea de Ligas de Fútbol Profesional considera el modelo español, único en el continente con un partido en abierto por ley, "intervencionista, que no tiene paralelo en Europa y afecta el desarrollo sostenible de la Liga, su viabilidad económica, el éxito deportivo y su función social".

Para rentabilizar la Liga, los clubes negociarán con el Gobierno el reparto del dinero por la quiniela y las apuestas online. La LFP busca asegurarse más ingresos a través de las apuestas por Internet. Y considera un primer paso las modificaciones introducidas la pasada semana por el Gobierno en el anteproyecto de ley del Juego, "que reconoce el derecho del fútbol profesional a percibir el 10% actual de la quiniela y a obtener un retorno de las nuevas formas de juego que van a legalizarse y que se desarrollan sobre el campeonato de Liga", explicaron los clubes en un comunicado. "Sin embargo", continuaron, "la LFP considera que se produce una inseguridad jurídica en cuanto a la quiniela, al no garantizarse que ese porcentaje no pueda reducirse en el futuro, y una incertidumbre respecto a la ley del juego ya que no especifica el retorno del negocio de los nuevos juegos a asignar al fútbol profesional".