El fiscal demanda a Mutriku por prorrogar la licencia de una cantera

La Fiscalía Medioambiental de Guipúzcoa ha demandado al Ayuntamiento de Mutriku por prorrogar la licencia a la empresa que explota la cantera de Olatz, en contra de la Ley de Conservación de Naturaleza del País Vasco que protege esta zona, colindante con un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Es la primera vez que el Ministerio Público presenta una demanda contencioso administrativa en el País Vasco contra un acto efectuado por una administración local, algo que también es inusual en el resto de España.

La demanda del Ministerio Público pide al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de San Sebastián que revoque y declare nulo el decreto por el que el Consistorio de Mutriku, gobernado por el PNV, aprobó prorrogar hasta 2015 la licencia de explotación de la cantera, una vez concluido el permiso inicial de dos años, concedido el 30 de abril de 2008.

El escrito de la Fiscalía también solicita que se ordene a la empresa explotadora de la cantera que ejecute los correspondientes "proyectos de restauración" y desmantele las instalaciones que tenga en el lugar. El documento explica que, una vez concluido el plazo de la primera licencia, el 30 de abril de 2010, el Consistorio mutrikuarra debió aplicar la reforma de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco en vigor, que establece que "dentro de los límites y zonas de afección de los espacios naturales protegidos no podrá llevarse a cabo explotación minera alguna, ni a cielo abierto ni de forma subterránea".

Afección medioambiental

La fiscalía recuerda además que esta ley impide que, "tanto dentro de las zonas protegidas como en las áreas que pueden resultar de afección de las mismas -y sin duda la cantera de Olatz lo es-, se pueda llevar a cabo explotación minera alguna". Recalca que para los casos como este, en el que la explotación estaba ya en activo cuando entró en vigor la reforma de la ley, se establece que no se pueda ampliar la actividad y se obliga a sus titulares a "ejecutar los proyectos de restauración" oportunos y a desmantelar sus instalaciones.

La fiscalía considera que el decreto que autoriza la prórroga "es contrario a derecho", al igual que el período de cinco años por el que extiende la explotación. Asegura también que no se entiende cómo la primera licencia autorizó la explotación por dos años y ahora la nueva conceda "más del doble del tiempo inicial" para la conclusión de una actividad ya iniciada. Y recuerda que el ámbito de explotación de la cantera llega a hacer linde y afecta al Lugar de Importancia Comunitaria del Arno.