¿Lince de papá o de mamá?

"Doce agencias públicas diferentes se ocupan de las exportaciones, al menos otras cinco de las políticas de vivienda. Y aquí viene mi ejemplo favorito: el Departamento de Gobernación regula sobre el salmón mientras está en agua dulce, pero pasa al Departamento de Comercio cuando está en agua salada. Y me han dicho que la cosa se complica cuando son ahumados". La duplicidad administrativa ocupó un lugar preferente en el discurso sobre el estado de la Unión que dio a finales de enero el presidente de EE UU, Barack Obama. Es otro síntoma de la crisis económica: los Gobiernos occidentales, acuciados por el déficit público y un horizonte de bajos ingresos, redescubren ineficiencias y solapamientos en la gestión que antes no eran tan urgentes de resolver.

La fauna también brinda un ejemplo español: hasta hace bien poco, el lince ibérico pasaba de competencia autonómica (parque natural) a competencia del Gobierno (parque nacional) en cuestión de metros. Una división administrativa que pudo ser letal para el felino más amenazado del mundo. Las diferencias de criterio sobre las políticas de protección solo pudieron salvarse a finales de 2007, con la firma del Pacto Ibérico por el Lince. Y no es casualidad que ese año el Ejecutivo central asumiera en una ley lo que el Tribunal Constitucional había dictaminado en 2004, tras un largo litigio: que la gestión de los parques nacionales era también competencia autonómica.

En España, el debate sigue el rastro del lince y se confunde con la omnipresente controversia sobre las comunidades autónomas. En las últimas semanas, el expresidente del Gobierno, José María Aznar (PP), achacó la ineficiencia y el exceso de gasto público a las comunidades -"el modelo autonómico es financieramente inviable"-, para luego considerar que "los problemas del Estado autonómico" son una amenaza para la economía española. "Con la que está cayendo es algo muy duro decir que en España hay 17 Defensores del Pueblo, 17 tribunales de cuentas o 17 consejos consultivos", apostilló la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

"Ante el problema de las ineficiencias y duplicidades hay dos actitudes, la de desfogarse, o la de intentar resolverlo", opina Jordi Sevilla, que fue ministro de Administraciones Públicas en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Sevilla lamenta que se "líe el problema con otras cuestiones, casi siempre por aquellos que creen que fue un error haber creado el modelo autonómico".

Al hilo de la crisis, es la vertiente económica del mal funcionamiento de la Administración la que impera. El presidente del Banco Santander, Emilio Botín; el gobernador del Banco de España, Francisco Fernández Ordóñez, o el máximo responsable del Instituto de Empresa Familiar, Isak Andic, repiten estribillo: hay que acabar con las duplicidades administrativas. La lista de sospechosos es nutrida: hay entes municipales, autonómicos y estatales implicados en la política de alquiler; también se dan ayudas de empleo y cobertura social a la inmigración en las tres ventanillas; se replican institutos de meteorología, institutos de estadística, tribunales de competencia o agencias de protección de datos; hay oficinas autonómicas y estatales de promoción empresarial en el exterior, como hay expositores autonómicos y provinciales en las ferias de turismo; ayuntamientos y comunidades abren guarderías o centros de día para mayores. En algunas ciudades hay hasta cuatro cuerpos policiales operativos, como conviven en varias comunidades canales de televisión estatales y autonómicos deficitarios.

A bote pronto, una lista así solo lleva a una conclusión: derroche de recursos públicos. Pero para dictaminar si hay solapamientos y cuál es su dimensión económica falta un trecho. Por contraponer algunos ejemplos, la existencia de Defensores del Pueblo autonómicos se ha traducido en la gestión de un volumen de quejas ciudadanas mucho mayor; las agencias meteorológicas en País Vasco, Cataluña y Galicia se han visto acompañadas de inversiones que han mejorado las redes de detección. Y, en muchos barrios, las guarderías públicas municipales han dado, durante años, el servicio que las comunidades autónomas no daban. Para concluir que hay derroche faltan, sobre todo, datos.

Como ha ocurrido con otras reformas recientes, la presión ejercida por la crisis económica también se deja notar aquí. El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, hizo en diciembre un anuncio inédito: encargó a la Agencia Estatal de Evaluación (Aeval) un informe sobre "posibles duplicidades, solapamientos e ineficiencias" en la Administración. En un estudio previo, elaborado a partir de una encuesta de la Agencia y de sondeos del Consejo de Investigaciones Sociológicas, cala la idea de que ha habido excesos en el gasto público, algo que pasa factura a las comunidades: si entre 1994 y 2005 más del 75% de los ciudadanos valoraba su creación, el año pasado ese respaldo bajó al 55%.

"La Agencia trabaja para que el informe esté listo lo antes posible", señala Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Cooperación Territorial. Zarrías no concreta plazos, pero sí aventura ya alguna conclusión: "En servicios fundamentales, las duplicidades prácticamente no existen, son la excepción que confirma la regla".

La alusión del dirigente socialista no es ociosa. Sanidad, educación y servicios sociales se llevan entre el 60% y el 70% de los presupuestos autonómicos. Y aquí la desaparición del Gobierno en favor de la gestión autonómica es casi total. "Si hay ineficiencias, como ocurre con la decisión de crear universidades en cada provincia con planes de estudios muy parecidos, se debe a un mal diseño de los gobiernos autónomos y a ellos hay que pedir cuentas", recalca Nùria Bosch, catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona. Santiago Lago, experto en financiación autonómica de la Universidad de Vigo, señala que en la formación de las comunidades autónomas ha habido "un mimetismo del aparato estatal más que discutible". Y aboga por revisar si la dimensión de los órganos autonómicos está en sintonía con sus funciones. "A veces, no es tanto una cuestión de suprimirlos como de rebajar su rango administrativo", añade. Pero Lago relativiza el coste de los solapamientos con la Administración central. Y pone otro ejemplo: "En el presupuesto de la Xunta, el Parlamento, el Consejo de Cuentas, el Consejo de la Cultura Gallega, el Consejo Económico y Social, el Defensor del Pueblo, el Consejo Consultivo y el resto de organismos apenas suponen el 0,5% de los gastos".

La Universidad de Vigo acaba de investir doctor honoris causa a Jorge Martínez-Vázquez, profesor en la Georgia State University (Atlanta, EE UU), que ha asesorado a una treintena de Gobiernos y organismos multilaterales en procesos de descentralización. "La descentralización en España ha sido muy positiva, aunque como ocurre en otros casos, hay errores que derivan de que no se ha hecho desde el principio una asignación clara de competencias a cada nivel administrativo, sino que se ha primado el reparto de ingresos", afirma. Un error de partida que, a juicio de Martínez-Vázquez, se evidencia sobre todo en los conflictos de competencias entre comunidades, diputaciones y ayuntamientos. "En la descentralización española se ha dejado en la cuneta a las entidades locales, donde hay los mayores problemas de fragmentación y duplicidades", concluye.

Las propuestas más polémicas del último estudio sobre la Administración de la Fundación FAES, que presentó la semana pasada Aznar, se centran precisamente en la asignación de competencias y en la propuesta de fusionar ayuntamientos y de explorar, incluso, la agrupación de comunidades autónomas. "Somos el país europeo donde más pesa el gasto público regional, la descentraliza-ción de gasto hacia las comunidades no puede ir más allá", señala Gabriel Elorriaga, diputado del PP y coordinador del informe de FAES. "El problema con las comunidades es de indefinición del marco de competencias, en el caso de las corporaciones locales hay problemas de capacidad de gestión", diferencia Elorriaga, quien plantea un acuerdo al PSOE para reformar la Constitución, un ofrecimiento en el que los partidos nacionalistas ven una vía abierta a la "recentralización de competencias".

Nùria Bosch da la vuelta a la tortilla: "Hay duplicidades que se producen porque la maquinaria administrativa del Gobierno central no ha desaparecido del todo cuando ha habido transferencia de competencias". La catedrática de la UB también piensa que "el principal problema con las duplicidades está en el nivel local, donde los ayuntamientos han asumido gastos no obligatorios que no tienen cómo financiar". Y agrega: "Cada pequeño ayuntamiento no tiene por qué tener una piscina cubierta o un centro para mayores, lo ideal sería fusionar municipios, pero eso en España no es realista, es mejor insistir en la gestión mancomunada". Y en el disparadero vuelven a estar las instituciones provinciales: en País Vasco y Canarias el debate sobre qué hacer con diputaciones y cabildos vuelve a coger fuerza.

El Ejecutivo, que ha aparcado la reforma de la financiación, sí hará una delimitación de las competencias municipales en la ley de Gobierno Local. "Pero habrá una cláusula que permita ampliarla con nuevas competencias, los ayuntamientos son descubridores de necesidades ciudadanas", apunta Zarrias.

El secretario de Estado ve en la cooperación territorial y en la Administración electrónica las dos vías más efectivas para mejorar la gestión pública. Jordi Sevilla coincide, aunque lamenta la falta de voluntad política: "Todavía están sin regular las conferencias autonómicas sectoriales y deberían crearse consorcios para facilitar la cooperación en asuntos específicos".