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COLUMNA

Tele y Estado

Nos preguntábamos ayer sobre el papel que el Estado juega en el mercado de la televisión. La televisión es el poder de influencia social, moral y educativo más grande de nuestra época. Se ha comido las porciones más sabrosas de la Iglesia, la escuela, la familia y la vida social, gracias a su maquinaria de entretenimiento situada en el salón de casa. En los últimos meses, con ánimo preelectoral, el partido de la oposición ha tonteado con el descontento frente a la España autonómica. Lo que la gente percibe, en malos tiempos, como un engorro de duplicada burocracia, multiplicación de cargos y prebendas, es un manjar delicioso para sumar a las promesas electorales.

Entre otras cosas, el Partido Popular fantasea con la desaparición de los canales autonómicos de televisión, segunda víctima tras las cajas de ahorro. En lugar de enfrentarse a su optimización, a la mejora de servicios y valores, a explotar sus condiciones, se impone tirar la toalla. No se menciona que algunos de sus barones más destacados proporcionan al ciudadano las peores televisiones territoriales que uno pueda imaginar. Nepotismo, manipulación, nulo interés, son características que tiñen algunos canales comunitarios bajo su mano.

Zapatero puede presumir de que bajo su mandato la televisión pública ha alcanzado un orden democrático más decente. Solo hace falta compararla con la de los años inmediatamente anteriores. La crisis ha mermado su potencia económica, pero también ha finiquitado cualquier posibilidad de que el mercado nos trajera una mejor televisión de capital privado. Hoy las mejores apuestas formativas, minoritarias y de valores sociales son estatales. El único canal de noticias continuado es estatal; ayer mismo seguía al minuto la actualidad de Egipto mientras los demás canales daban el pan suyo de cada tarde. La complejidad del país, desde su bilingüismo hasta su excesiva centralización, solo recibe respuestas televisivas desde el dinero público. Parece pues una promesa espeluznante que el Estado se lave las manos de su responsabilidad en la oferta televisiva. Si alguien pretende satisfacer los deseos del ciudadano, que idee un plan para que el servicio mejore con menor coste público, pero que no lo inhabilite como un referente comprometido y útil. La sociedad no merece que el mercado sea el único que dicte lo que comen nuestros ojos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de febrero de 2011