El consejero de Empleo marca distancias con sus antecesores

¿Teme que el caso salpique judicialmente a sus antecesores?, ¿usted se solidariza con la gestión de los anteriores consejeros?, ¿está poniendo en tela de juicio la labor de los exconsejeros? A estas preguntas respondió ayer con evasivas el responsable andaluz de Empleo, Manuel Recio, quien aún no ha cumplido un año en este cargo.

Recio dio la impresión de marcar distancias con las dos personas que ocuparon antes su puesto -José Antonio Viera y Antonio Fernández- y que mantuvieron en el suyo al ex director general de Trabajo Javier Guerrero nombrado en 1999 por Guillermo Gutiérrez. Las declaraciones ante la Policía Judicial de Guerrero -que ayer replegó velas y dijo que su expresión sobre un "fondo de reptiles" en Empleo habían sido "mal entendidas"- ha provocado que la Junta abra una investigación interna para saber si hay personas cobrando pólizas de prejubilación con dinero público sin figurar en los expedientes de regulación de empleo (ERE) correspondientes.

Arenas dice que el presidente andaluz "tapó lo que se estaba produciendo"

Manuel Recio evitó dar un apoyo explícito a Viera y a Fernández y anunció que la Junta investigará no solo los ERE qué aún están en vigor, sino todos los expedientes en los que pueda haber responsabilidad administrativa.

Las respuestas de Recio a las preguntas fueron las siguientes: "Ni temo ni dejo de temer [que salgan salpicados judicialmente]. Mi función es gobernar a todas las personas por igual". "Respecto a los anteriores [consejeros] supongo que todos han hecho lo mejor que estaba en sus manos para gestionar las competencias que tenían". Y cuando se le preguntó si estaba poniendo en tela de juicio a sus antecesores al anunciar que investigará incluso los expedientes de ERE ya caducados, Recio respondió: "Esto es cumplir con la legalidad y con el interés general".

Empleo mantiene abierta la investigación interna para saber si hay más personas cobrando pólizas de manera indebida. Por ahora, se ha centrado en 45 ERE que aún están en vigor, se han analizado 30 y se han hallado presuntos casos irregulares en 12 de ellos. La Junta ha remitido al juzgado número 6 de Sevilla, que investiga el caso Mercasevilla, esta información. En el listado incluye 37 nuevos casos, entre los que figuran tres socialistas.

La máxima del "caiga quien caiga" que marca la actuación de la Junta en este proceso es compartida por la inmensa mayoría del PSOE. Dicho esto, sí hay dirigentes socialistas que echan en falta por parte del Gobierno andaluz un mayor énfasis en la defensa de la política que se ha seguido desde hace más de 10 años de salvar tanto a las empresas en crisis como a miles de puestos de trabajo.

De hecho, el PP puso ayer en cuestión toda la política de rescate laboral de la Junta. El portavoz popular, Esteban González Pons, dijo que el actual vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, tuvo conocimiento de la "trama" cuando fue presidente andaluz. Y cometió más que un exceso cuando aseguró que se habían desviado 700 millones de euros para pagar "a los amiguetes del PSOE".

Gaspar Zarrías, número dos de Chaves en el ministerio y en la Junta durante 13 años, replicó que si alguien no puede dar lecciones es Javier Arenas, que era secretario general del PP "cuando Francisco Correa saqueaba" varias administraciones "en nombre del Partido Popular". Zarrías contrapuso el comportamiento "opaco" del PP en el caso Gürtel con el "exquisito comportamiento" de la Junta en el caso de las falsas prejubilaciones.

Arenas sostuvo ayer que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, "tapó lo que se estaba produciendo" porque cuando era consejero de Economía y Hacienda, la Intervención General envió hasta tres informes a Empleo manifestando su disconformidad con el procedimiento de tramitación de las ayudas. Estos informes no eran vinculantes, ni cuestionaban la legalidad de la tramitación. Además, las auditorías que se hicieron en 2005 sobre las empresas con ERE no destaparon irregularidades.