La Diputación alavesa niega a la Cámara datos bancarios de empresas del 'caso De Miguel'
La Diputación de Álava se niega a entregar los datos de movimientos bancarios de 10 empresas vinculadas con la supuesta trama corrupta del caso De Miguel a la comisión de investigación del Parlamento, que los había solicitado. La institución foral alega que facilitar esta información vulneraría el derecho a la intimidad de los afectados.
El ente foral también rechazó entregar esa información a la comisión de las Juntas Generales que investiga lo ocurrido en una fallida recalificación de terrenos en Zambrana, aunque una modificación de la normativa foral instada por el PP y el PSE permitirá que los junteros accedan a los datos.
En el escrito que ha remitido al Parlamento, la Diputación argumenta que legalmente no puede facilitar información tributaria al ser de carácter reservado. La Cámara ha respondido por escrito que entiende que la normativa sí permite que le sean entregados esos datos. Y recalca que la información solicitada no vulnera derechos de personas, pues se solicitan datos de empresas. El presidente de la comisión, Juan José Agirrezabala, de EA, se mostró confiado en que la cuestión se resuelva de forma positiva.
La comisión pidió datos sobre Kataia Consulting, epicentro de la supuesta trama cuyas administradoras eran en el momento de los hechos investigados las esposas de Alfredo De Miguel, Aitor Tellería y Koldo Otxandiano; Construcciones Loizate, del empresario Jon Echaburu; Ortzi Muga y Errexal, empresas de Iñaki San Juan, ex edil del PNV en Leioa así como Alzatebaita, otra compañía en la que este figuró como administrador, y Eskalmelo, una constructora que tenía a De Miguel como apoderado.
A ellas se suman Urbanorma Consulting, compañía de Ainhoa Alberdi, cuya denuncia destapó la supuesta trama; Riera Urbanizer, que invirtió en los terrenos de la operación de Zambrana; Sidepur, que medió en esa operación, y Landaburu Etxea, sociedad con la que el PNV alavés compró su nueva sede en pleno centro de la ciudad.
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