La Defensora del Pueblo interviene ante el hedor de Valdemingómez

La oficina del Defensor del Pueblo ha acusado al Ayuntamiento de Madrid de fracasar en su política urbanística al permitir la construcción de viviendas en las proximidades a la planta de tratamiento de residuos de Valdemingómez, que desprende malos olores en zonas del sur de la ciudad de Madrid y también en el municipio cercano de Rivas Vaciamadrid.

En una carta dirigida a una vecina del Ensanche de Vallecas, miembro de la asociación de vecinos PAU de Vallecas, el adjunto a la Defensora, Manuel Ángel Aguilar Belda, explica que el Consistorio que encabeza Alberto Ruiz-Gallardón (PP) no ha seguido las recomendaciones de esta institución de prohibir la construcción en las zonas potencialmente afectadas por los malos olores. "Este evidente fracaso en la ordenación de los usos del suelo, con consecuencias muy graves para los derechos de los ciudadanos, en especial su derecho a una vivienda digna, podría evitarse en casos semejantes a Valdemingómez, mediante la limitación de los usos residenciales del suelo en las inmediaciones de tales infraestructuras en una franja que fuera suficiente a través de la planificación urbanística", asegura.

Pero el Ayuntamiento no está de acuerdo, según la misiva del Defensor, que reproduce su contestación. El Consistorio asegura que se cumple la normativa, que establece la compatibilidad ambiental de Valdemingómez con los desarrollos urbanísticos. Y la principal limitación es que no se puede construir a menos de dos kilómetros de distancia de la planta emisora de los olores.

El adjunto a la Defensora rechaza esta justificación en la carta a los vecinos: "Lo que a juicio de esta Defensoría no tiene sentido alguno es declarar oficialmente habitables viviendas en una zona donde a causa del impacto de una instalación (sea por los olores que produce, los ruidos, los gases...) no se pueden ejercer los derechos a una vivienda digna o a un medio ambiente sano".

Aguilar Belda va más allá: "Se han construido, vendido y ocupado legalmente casas en las que los derechos a una vivienda digna o a un medio ambiente adecuado difícilmente pueden quedar garantizados debido al mal olor".

La Defensora del Pueblo abre la puerta a posibles reparaciones para los vecinos, especificando que ellos "no son los responsables". Y apunta al Consistorio: "Este fenómeno se debe a una planificación defectuosa y tiene esta responsabilidad: la Administración ha de corregir e indemnizar los daños que ocasione durante toda su vida útil".

En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid informó de que ya han empezado a cambiar el flujo actual de residuos entre las plantas para que los procesos orgánicos se lleven a zonas cerradas y mitigar así los malos olores. Además, explica que este tipo de contaminación no solo se debe achacar a Valdemin-gómez: "Hay otras fuentes de olores identificadas cuya gestión corresponde a otras administraciones, y otras sobre las que tampoco podemos influir, que están asociadas a vertidos ilegales, acopios ilegales y quemas incontroladas de distintos tipos de residuos en la Cañada Real Galiana , cuya resolución no es competencia del Ayuntamiento de Madrid".