El caso de Camps sigue adelante al margen de la financiación del PP

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano no acumulará, por ahora, los delitos de cohecho, financiación ilegal, delito electoral y contra la Hacienda pública al caso de los trajes que se sigue contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres miembros de la cúpula del Gobierno y el PP valencianos por un presunto delito de cohecho pasivo impropio: haber recibido por razón de sus cargos regalos por valor de miles de euros a lo largo de varios años. De haberse producido la acumulación, el caso de los trajes se habría retrasado meses.

El TSJ rechaza unir los delitos como le pidió la Fiscalía Anticorrupción, porque considera que existe un impedimento procesal insuperable: el envío de esos nuevos delitos desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se instruye el grueso del caso Gürtel, fue recurrido por el PP y por Álvaro Pérez, El Bigotes, uno de los imputados, y por lo tanto no es firme.

Paradójicamente, el PP forma parte de la causa de Madrid como acusación popular, a pesar de la petición de la fiscalía para que fuera expulsado por su implicación en el caso, al menos en la Comunidad Valenciana.

La inhibición (que es como se llama técnicamente a ese envío de delitos de Madrid a Valencia), señala el TSJ, "exige que la resolución que lo acuerde devenga el carácter de firme, así como que mientras ello no ocurra el órgano judicial que acuerde la inhibición debe seguir practicando las diligencias necesarias propias de la instrucción", señala la Sala Civil y Penal del TSJ valenciano en un auto en el que responde a la petición de fiscalía.

Cuando la Fiscalía Anticorrupción pidió la acumulación, indica el tribunal valenciano, el auto inicial de inhibición del juez instructor en Madrid, Antonio Pedreira, "no era firme, como debiera conocer el ministerio fiscal, y quizá por ello no ha insistido el instructor del TSJ de Madrid, porque el mismo había sido recurrido en reforma (es decir, ante el propio Pedreira), cuya resolución desestimatoria tuvo lugar el 14 de diciembre de 2010. Y además sigue sin devenir firme, porque por la misma parte (el PP) fue recurrido en apelación subsidiaria (ante la Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid)". En consecuencia, afirma el TSJ valenciano, "la resolución de esta Sala no puede ser otra que la de no tener por planteada la inhibitoria al no ser firme la resolución en que se acuerda".El embrollo judicial, opinan fuentes del TSJ valenciano, tiene varias causas. La principal, porque habría resuelto los problemas actuales y los que están por llegar, fue la negativa del Tribunal Supremo a abrir un macrojuicio que englobara todo el caso Gürtel. No era una solución fácil, porque el Supremo no es un tribunal de instrucción, pero era lo único que hubiera evitado la fragmentación actual, derivada de la implicación de aforados de varias comunidades autónomas.

El apresurado archivo del caso de los trajes por parte del TSJ valenciano, presidido entonces por el juez Juan Luis de la Rúa (de quien Camps dijo que era más que un amigo), en verano de 2009, aumentó el enredo.

Coincidió casi exactamente con la primera inhibición de Pedreira. En aquella ocasión, cuando aún quedaban por abrir cajas con documentación intervenida a la trama, el juez se inhibió solamente de la implicación de los cabecillas de la trama (Francisco Correa, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez), que serían la parte activa (sobornadores o regaladores) del cohecho pasivo impropio por el que están imputados Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.

Aquella inhibición se quedó en el limbo porque casi a la vez la sala presidida por De la Rúa cerró el caso (que más tarde reabriría el Tribunal Supremo). Si el procedimiento no existía, razona ahora en su auto el TSJ valenciano, "nada podía unirse ni resolverse en relación al mismo".

Mayor calibre

A la reapertura del caso, en mayo de 2010, le siguió una segunda inhibición de Pedreira, en este caso de un calibre mucho mayor. Pedreira hallaba indicios de hasta siete delitos que implicarían a 14 altos cargos, incluido Camps.

Con su último auto, el TSJ valenciano ha respondido a la petición de la fiscalía sobre la primera inhibición. Pero la respuesta de la sala vale igual para la solicitud de acumular los delitos derivados de la segunda inhibición que también ha realizado Anticorrupción: hasta que no sea firme no podrá pronunciarse.

El caso de los trajes siguió ayer adelante, entretanto, con la vista a puerta cerrada de uno de los recursos interpuestos por las defensas: la incorporación a la causa de unas grabaciones a Pablo Crespo realizadas en prisión y declaradas ilegales por el TSJ de Madrid. La decisión de la Sala Civil y Penal del tribunal valenciano se conocerá la semana que viene.