La Generalitat tendrá un "papel determinante" en el control de El Prat

Los grupos parlamentarios de ERC, ICV-IU y CiU pactaron ayer con el Grupo Socialista una moción por la que el Congreso insta al Gobierno a establecer mecanismos de participación de las comunidades autónomas en la gestión de los aeropuertos, pero sin concretar en qué asuntos y con qué mayorías se aprobarán las decisiones más importantes.

En el caso de El Prat, cuya gestión se entregará a una empresa privada, la Generalitat y el Ayuntamiento tendrán representación en el Consejo de Administración de la sociedad que otorgue y controle la concesión, según explica el portavoz socialista en la Comisión de Fomento, Rafael Simancas.

En los otros aeropuertos en los que se constituyan sociedades filiales pero mantenga la gestión Aeropuertos Españoles (la sociedad desgajada de AENA que se prevé crear en las próximas semanas) será esta la que nombre a los representantes de las Administraciones y "sectores económicos" a propuesta de estos.

Falta por concretar el número de representantes de cada Administración

Aún no se ha concretado cúantos representantes tendrá cada institución. Será el Consejo de Administración de la sociedad filial de AENA que se cree para el aeropuerto el que elaborará los pliegos de condiciones y adjudicará la concesión a la empresa privada. También está por decidir en qué asuntos se exigirán mayorías cualificadas. Esos extremos "se establecerán en los estatutos de la sociedad filial de AENA, que es lo que habrá que negociar ahora", explica el diputado de CiU Pere Macias.

La "gran virtud" de este nuevo marco es, a juicio del secretario de Estado de Transportes, Isaías Táboas, que "pone en la misma dirección al Estado y a las comunidades autónomas", si bien reconoce que falta por "escribir la letra para esa música" pactada ayer.

La moción aprobada surge de una interpelación con un contenido más ambicioso que había presentado ERC. El diputado Joan Ridao destaca que se concede "capacidad de bloqueo" a las instituciones catalanas en los asuntos estratégicos (aunque en su moción no se especificaba cuáles). Ridao no ha hecho cuestión de su reivindicación de que se elimine la clasificación de aeropuertos de interés general para todos los civiles y solo se mantenga esa figura para los aeródromos de uso militar. En el texto aprobado ayer se habla solo de "actualizar los criterios de clasificación de los aeropuertos".

El nuevo diseño "no rompe el modelo aeroportuario del Gobierno", a juicio de Macias, y da satisfacción a las reivindicaciones del grupo catalán de dar participación a las comunidades autónomas, algo que no figuraba en el plan presentado hace dos meses más que a través de los comités de coordinación aeroportuaria para materias urbanísticas y medioambientales y el desarrollo de nuevas rutas. El propio Macias calificó entonces el modelo presentado por el ministro de Fomento, José Blanco, de "peor que el de [su antecesora] Magdalena Álvarez".

La otra gran reclamación tanto de CiU como de ERC era la gestión individualizada de los aeropuertos, que a juicio de Macias ya se incluía en el modelo aprobado por decreto ley por el Gobierno central: la posibilidad real de que El Prat compita con Barajas. Ahora se abunda en esa autonomía de gestión con una libertad total para fijar las tarifas "sin limitación", según señala el texto de la moción pactada ayer en el Congreso.

En realidad sí existen límites a esa autonomía de precios, ya que cada aeropuerto tendrá que ceñirse a lo que establezcan los pliegos de condiciones de la concesión (por ejemplo, por la cantidad que el concesionario debe abonar a la sociedad filial) y también a lo que decida la autoridad de supervisión que deberá crearse para garantizar la transparencia y no discriminación que establece la directiva europea al respecto.

Los mecanismos para la revisión de las tarifas aeroportuarias se establecen en la reforma de la Ley de Seguridad Aérea que aprueba hoy el Senado, cuya tramitación finalizará la próxima semana en la Cámara baja.