La asociación de inspectores Adide acusa a Educación de "negligencia"

El descabezamiento del cuerpo de inspectores de Educación, tras dos sentencias que han obligado a la consejería a anular la polémica oposición de 2007 -creada ex profeso para consolidar a un puñado de inspectores afines al PP-, ha dejado el servicio profesional a los pies de los caballos, con la desparición del 20% de una plantilla de 130 funcionarios. La asociación profesional de inspectores Adide, mayoritaria a nivel nacional, tacha el proceder de la Administración educativa de "negligente" en todo el proceso. Desde que nombró a muchos de ellos a dedo y luego convocó una oposición con un tribunal irregular hace cuatro años, hasta que el Tribunal Superior de Justicia ha tumbado la convocatoria, devolviendo a 34 funcionarios de carrera a sus cuerpos docentes de origen y dejando un vacío que ahora la consejería debe de suplir, antes de convocar otra oposición.

Los inspectores de Adide, reunidos el viernes, analizaron la instrumentalización realizada por la Generalitat de un cuerpo que, recuerdan, tiene como misión "el asesoramiento de escuelas y profesores y la supervisión técnica de todo el sistema", para pedir que la "la selección de los inspectores garantice el código profesional". En su opinión, esto pasa por "la convocatoria inmediata" de la oposición anulada, una vez corregida la base viciada, según la sentencia; y por el "compromiso" de la Consejería de Educación de establecer "un procedimiento acorde con los principios de publicidad, mérito y capacidad, para todo nombramiento de inspector accidental".

El debate en este punto concreto, sobre cómo hay que cubrir el vacío de los destituidos desde el 1 de febrero, es candente. Adide considera que deberían "mantenerse" en sus puestos y "convocar de inmediato la oposición", a la que podrían acceder todos los aspirantes, incluidos los que no aprobaron la prueba con aquel tribunal nombrado a dedo íntegramente por la Dirección General de Personal.

No obstante, la Subsecretaría de Educación encargó un informe a la Abogacía de la Generalitat que advierte de que "hacer coincidir de forma mimética a los inspectores accidentales con los afectados (o destituidos), podría complicar la ejecución de la sentencia". Los inspectores temen que este informe por encargo se use de base jurídica para la "depuración" de aquellos destituidos que no son militantes o cargos del PP y que tienen, según fuentes de la inspección, una trayectoria intachable.