El 62% de las denuncias contra 'mossos' acaban en juicio

En los últimos tres años se han presentado en Cataluña 659 denuncias contra agentes de los Mossos d'Esquadra. De ellas, dos de cada tres (410) acabaron en juicio por considerar el juez que existían indicios para acusar a los policías de algún delito, pero únicamente el 6,8% de esos juicios finalizaron con una sentencia condenatoria (28 casos). Son las únicas cifras oficiales que constan referidas a los Mossos, pues el hermetismo de los responsables políticos de cualquier cuerpo policial es enorme al hablar de esta cuestión y los datos se interpretan de manera muy distinta desde uno y otro lado.

Miquel Prat, director de la policía catalana, considera que las cifras son "realmente bajas" y precisa que el objetivo sería que no se presentara ninguna denuncia, aunque lo considera "inevitable". En su opinión, las denuncias esconden en muchas ocasiones "objetivos tendenciosos y subjetivos", y añade que "los Mossos tienen menos denuncias que otros cuerpos", aunque dice que no dispone de las cifras.

Prats asegura que se usan para vigilar a los detenidos y no a los agentes

El abogado Jaume Asens, que lleva años defendiendo a víctimas de los supuestos excesos policiales, lo ve de otra manera y asegura que "los malos tratos son más frecuentes de lo que se podría suponer en un Estado que se precia de ser democrático y de derecho". A pesar de que no se conocen las cifras oficiales, todas las fuentes consultadas coinciden en que las denuncias han disminuido en Cataluña. Entre 2002 y 2004 sí se sabe que se presentaron 197 denuncias, según desveló en su día el Comisario Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil-Robles, pero en aquella época los Mossos d'Esquadra estaban desplegados en municipios que representaban un porcentaje muy pequeño de la población catalana.

La disminución de las denuncias se atribuye a la puesta en marcha de mecanismos de control de la labor policial. El más conocido son las cámaras de seguridad en las comisarías de los Mossos, algo que no está extendido en el resto de los cuerpos policiales.El efecto de las cámaras fue inmediato, pues en los dos primeros años posteriores a su instalación (de abril de 2007 a febrero de 2009) no se conoció ninguna denuncia por agresiones de la policía en el interior de las comisarías, según fuentes de la fiscalía.

La instalación de las cámaras vino precedida de una polémica con los sindicatos policiales y algún responsable de Interior contrario a su puesta en marcha, aunque ahora nadie parece cuestionarlas. Ni siquiera el propio director de la policía, Miquel Prat, quien asegura que las cámaras son "una garantía jurídica si se utilizan para vigilar a los detenidos, no a la policía". Prat muestra tal entusiasmo por las cámaras que asegura: "Si por mí fuera y pudiera, las colocaría en todas las comisarías que quedan, aunque es difícil por problemas presupuestarios".

David Miquel, portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña, afirma: "El porcentaje de condenas indica que no somos tan malos como algunos nos quieren pintar", y admite que "siempre se puede mejorar el servicio". En su opinión las cifras son "satisfactorias" y suponen "una buena noticia", pero también precisa que le preocupa que no todos los tribunales actúen con el mismo criterio. Concretamente asegura que algunos jueces de instrucción de Barcelona son más receptivos a las denuncias contra los Mossos d'Esquadra que el resto de sus colegas de Cataluña. "En Lleida, Tarragona y Girona no se admiten tantas denuncias, ni contra los Mossos ni contra el resto de los cuerpos policiales", precisa David Miquel.

Pese a que de 659 denuncias presentadas en los últimos tres años acabasen en juicio 410, Jaume Asens considera que el comportamiento más extendido de los jueces es el de no investigar las denuncias, y si finalmente llegan a juicio, que finalicen en absolución o en condena por faltas, casi nunca por delito. Ese desenlace lo achaca, en primer lugar, a "la tendencia natural de la fiscalía a creerse en muy pocas ocasiones el relato de la víctima" y, además, a la actitud de los tribunales de minimizar la condena, si es que la dicta.

Uno de los ejemplos más ilustrativos es el caso de Rubén P., el detenido que recibió una paliza en la sala de cacheos de Les Corts que fue grabada con cámara oculta. La Audiencia de Barcelona condenó a tres de los cuatro acusados a multa de 600 euros, a pesar de que -en este caso sí- la fiscalía acusaba por torturas. El Tribunal Supremo anuló hace unos meses la sentencia e instó al tribunal a dictar otra por considerar que incurrió en una "arbitrariedad" en la explicación de los hechos, ya que concluyó que los agentes se defendieron cuando el detenido agredió a uno de ellos. La Audiencia ha hecho caso omiso de ese requerimiento y ha vuelto a dictar la misma sentencia.