Las diputaciones apelan al foralismo para rechazar la coordinación fiscal

Las diputaciones siguen apelando al modelo institucional para rechazar la puesta en marcha de una inspección tributaria que trabaje de manera coordinada en las tres provincias. Y eso pese a que Guipúzcoa ha demostrado que el nivel de fraude fiscal está por encima de lo que se creía, y que con voluntad política se puede aflorar más dinero que incrementando la presión fiscal sobre los ciudadanos. Desde luego es mucho más justo.

El caso es que, pese a que la Ley de Armonización Fiscal prevé campañas de inspección de las tres instituciones con el Gobierno, los diputados generales prefieren seguir trabajando de manera individual sin explotar todas las potencialidades de una inspección coordinada.

Si la hacienda guipuzcoana ha logrado aflorar en 2010 una bolsa de fraude fiscal de 317,5 millones de euros, el 37,8% del presupuesto propio, ¿qué no se podría hacer alineando las inspecciones de los tres territorios con los mismos objetivos?

Ya en 2009 el dinero fraudulento aflorado en Guipúzcoa suponía 420 euros por habitante, frente a los 180 euros por habitante que afloraron Vizcaya y el Estado, y los 183 de Álava.

El tributario es uno de esos casos en los que la descoordinación genera un elevado sobrecoste. Pero hay otros en los que el sobrecoste se basa en la creación de estructuras dobles y triples. El Gobierno Ibarretxe explotó esa vía como instrumento político contra España. Creó Lanbide frente al Inem y lo cuantificó anualmente en los presupuestos, pese a no disponer de competencias ni ser efectivo.

El catedrático Felipe Serrano elaboró un informe en 1993 para el Círculo de Empresarios que dibujaba un panorama desmadrado en el que las diputaciones se metían en competencias gubernamentales y municipales duplicando y triplicando servicios, en un contexto de especial oscurantismo fiscal. En 2006 repitió la experiencia, pero esta vez por encargo de la Diputación Foral de Álava.

En su último estudio detectó menos casos, pero en su opinión el Gobierno seguía desplegando una red en materia de agricultura que pisaba competencias de las diputaciones. Y estas disponían de una constelación de oficinas de apoyo a empresas, innovación y empleo que entraba de lleno en las del Gobierno.

En Euskadi hay más de 200 oficinas comarcales, municipales, provinciales y regionales de promoción de empleo que en teoría debería ordenar la nueva Lanbide. Turismo es otra de esas áreas en las que todas las administraciones despliegan competencias sin coordinación alguna entre ellas, aumentando la ineficiencia y el gasto.