Reportaje:

30 años a vueltas con la LTH

El Gobierno va a estudiar las duplicidades y el sobrecoste del reparto competencial - Los partidos han renunciado a retocar la ley pese a los desajustes

La reforma del sistema institucional es uno de esos debates cíclicos que aparecen y desaparecen, sobre todo, vinculados a situaciones, o bien de estrechez económica, o a intereses partidistas. En una mezcla de ambas, el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, abrió el debate la pasada semana, en Madrid, al pedir una "profunda reforma" del modelo territorial español que frene a aquellas "comunidades autónomas que aspiran a convertirse en mini-Estados".

En Euskadi ese debate lleva treinta años emergiendo a lo público y ahogándose después, pero sin materializarse en nada, pese a que todos los grupos políticos coinciden en que la distribución de las competencias entre provincias e instituciones podría mejorarse y abaratarse sustancialmente.

Hay quien sostiene que el problema no son las duplicidades sino las diputaciones
Para EA las pretensiones provinciales debilitan al país
Guevara sostiene que no hay alternativa al actual sistema

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El Parlamento vasco encargó el jueves al Gobierno la tarea de elaborar un informe que describa las duplicidades y los costes adicionales que genera el especial entramado vasco en el que conviven tres administraciones -Gobierno, diputaciones y ayuntamientos- con amplia capacidad de gasto, pero en el que sólo una recauda, la foral.

Se trata de analizar los puntos de fricción que genera la Ley de Territorios Históricos, un texto diseñado en 1983 por el PNV y que todos los partidos quieren cambiar, salvo, paradójicamente el PNV y el PP. El caso es que después de casi 30 años como un "tótem inmutable", ha generado duplicidades de gasto, ineficiencia en la prestación de los servicios y rivalidades competenciales entre instituciones vascas que encarecen el sistema.

La pregunta es ¿por qué si todo esto es conocido y en algunos casos está incluso cuantificado, no se ha corregido antes? Las respuestas son múltiples, y oscilan desde quienes opinan que el problema no son las duplicidades, fácilmente subsanables- sino las diputaciones y por lo tanto habría que eliminarlas del sistema institucional, hasta quienes defienden su vigencia a ultranza, con mínimas correcciones. "La LTH es como el undécimo mandamiento, se cumple con obediencia incuestionable", caricaturiza un académico experto en el tema, como una manera de criticar esa especie de bloqueo político ante una cuestión como esta que, sigue dando ejemplos a diario de su inoperancia.

El último enfrentamiento, esta vez entre el Gobierno y la Diputación de Vizcaya por el autobús de Galdakao hasta el metro de Basauri es elocuente. La competencia del Gobierno es el transporte por vía férrea, la diputación capitaliza el transporte por carretera. Una diferencia de criterio entre ambas ha puesto en jaque durante varios días la lanzadera para conectar el metro, perjudicando seriamente al usuario.

El catedrático de Economía Aplicada de la UPV, Felipe Serrano, que ha analizado el asunto en dos informes de 1996 y 2006, sostiene que "hay que abordar dos reformas, acabar con las diputaciones como estructuras arcaicas y caras, y desmontar después la parte innecesaria de sociedades públicas que se ha creado alrededor de las instituciones por puro clientelismo".

En su opinión la inmovilidad de los políticos en este asunto se basa en que "reformadores y reformados no pueden coincidir", y en este caso sucedería si se da la reforma. Según esta tesis, las tres diputaciones representan una reserva de poder y clientelismo político al que, de verdad, ningún partido está dispuesto a renunciar en serio, por si acaso. En el otro lado, la parlamentaria del PNV, Ane Urkiola, está radicalmente en contra de "poner el país patas arriba" con la reforma de una ley que sigue contribuyendo al desarrollo de Euskadi. "Se puede solucionar con retoques que estamos dispuestos a hacer pero siempre en un marco de lealtad institucional que ahora creemos que no se da", sostiene.El acuerdo de gobierno que en 1999 firmaron PNV y EA ya recogía que, tras veinte años de vigencia de las instituciones autonómicas "era aconsejable abordar el estudio de la LTH desde la óptica de conseguir el funcionamiento más eficiente de los diferentes niveles institucionales y proceder, en su caso, a una eventual redefinición de funciones". Esa propuesta, con una redacción similar figuró también en los posteriores programas de coalición nacionalista de 2001 y 2005, sin que llegara siquiera a iniciarse el más mínimo estudio para su puesta en marcha.

EA, que nació de una escisión del PNV precisamente tres años después del nacimiento de la LTH, y en parte por discrepar del modelo institucional que consagraba, lo analizó en su anterior congreso. "Este no es un problema de modelo administrativo centralizado o descentralizado, sino una cuestión política previa: la convicción de que no se puede configurar una nación ni un estado con instituciones y poderes debilitados por pretensiones provinciales o territoriales en constante competencia o desgaste".

El análisis de EA es compartido, de alguna manera, por algunos sociólogos y economistas que atribuyen a la LTH que, un cierto modo de provincianismo y localismo esté calando en la sociedad y con él algunos efectos indeseados como la justificación de otro tipo de duplicidades. "A la gente, no solo no le preocupa que el despliegue de algunas facultades en los campus universitarios sea más caro que trasladar a todos sus alumnos en helicóptero a otra provincia, o que haya que triplicar instalaciones, con lo que supone de gasto inútil", asegura un profesor universitario, sino que demanda que ese tipo de servicios se den en cada ciudad.

El abogado, negociador del Estatuto, y ex diputado general de Álava, Emilio Guevara, asegura que el sistema institucional vasco carece de una alternativa que suscite al menos igual consenso y estabilidad que el actual. En uno de los documentos solicitados por el PSE durante la precampaña de las elecciones autonómicas que provocaron el cambio de Gobierno, sostiene que "el cambio" en este momento pasa por la depuración y eliminación de los vicios que se han producido en ese cuarto de siglo largo de su vigencia. Luego aclara que esos vicios no son atribuibles al propio modelo, sino "a la actuación errónea de nuestros representantes en las instituciones comunes y forales vascas".

Una conclusión que el PSE ha hecho suya y que aleja cuanquier ánimo reformista, pero que devuelve la crítica a las consecuencias negativas de la lucha diaria entre instituciones, es decir de la defensa a ultranza de la exclusividad de sus competencias y de sus territorios.

Ese concepto casi localista de desarrollo interior y exterior choca diametralmente con lo que proponen todos los expertos como la única vía para resituarse en la actual coyuntura que está dibujando la crisis financiera mundial. Una coyuntura en la que empresarios y teóricos sostienen que es mejor difuminar el control para ganar influencia y se esa manera beneficios para la sociedad a la que sirves. El catedrático de Hacienda Pública de la UPV, Ignacio Zubiri emplazó el jueves a las diputaciones a aliarse con grupos de presión, institucionales o no, para lograr regiones más grandes, en este caso para que la UE descentralice los impuestos indirectos.

El ex diputado general de Álava, Emilio Guevara y detrás Antonio Caño, Mario Fernández y Pedro Luis Uriarte en uno de los debates de la LTH, en 1983.
El ex diputado general de Álava, Emilio Guevara y detrás Antonio Caño, Mario Fernández y Pedro Luis Uriarte en uno de los debates de la LTH, en 1983.EL PAÍS

El polémico pulmón del foralismo

La Ley de Territorios Históricos, de noviembre de 1983, es la que restableció, actualizó y desplegó el autogobierno foral, después del franquismo, fijando las relaciones y el reparto competencial entre las diputaciones y el Gobierno.

Diseñada en su día a imagen y semejanza del PNV, tres años después ya empezó a dar problemas al convertirse en una de las causas de la escisión que partió a la organización que presidía Xabier Arzalluz con la salida del entonces lehendakari, Carlos Garaikoetxea y la creación de EA.

La LTH reserva al Parlamento vasco y al Gobierno autonómico la supremacía política e institucional de la administración de Euskadi. Otra cosa es la económica.

Las diputaciones, al ser las únicas entidades reacaudadoras, condicionan y mediatizan todas las políticas económicas de Gobierno y ayuntamientos. El Ejecutivo no dispone de instrumentos para abordar reformas tributarias y mejorar sus ingresos, sólo los tienen las diputaciones con lo que todo el presupuesto del Gobierno depende de las aportaciones forales.

Los ayuntamientos están todavía mucho peor. En estos últimos 30 años los sucesivos gobiernos del PNV no han sido capaces de aprobar la Ley Municipal, dejando incompleto el modelo institucional y a los ayuntamientos pendientes de las decisiones de la diputación de turno para sacar adelante sus proyectos. Ahora está intentado sacarla adelante el PSE. La Ley de Aportaciones es la tercera pata del entramado, y ésta regula los flujos económicos entre la administración foral y la vasca.

El encaje de la LTH en la Constitución es a través de la disposición adicional primera. El Estatuto de Gernika la canaliza a través del artículo 3 de su texto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 06 de febrero de 2011.

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