Los problemas de comunicación lastran los 100 días de gracia de Mas
La oposición respira aliviada por la descoordinación del Ejecutivo de CiU
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Cien días son una eternidad en la era de Internet. Y aunque Artur Mas nunca lo pidió, ya puede ir olvidándose de agotar el tradicional periodo de gracia que se le suele otorgar a cualquier Gobierno primerizo. Los nervios de todos los partidos por la cercanía de las elecciones municipales y, sobre todo, los primeros patinazos del Ejecutivo de Convergència i Unió (CiU) han comenzado a restarle crédito apenas un mes después de su constitución.
Los problemas de comunicación y la descoordinación entre consejeros se acumulan día a día, para regocijo de una oposición alicaída que temía que el nuevo Gobierno actuara como un solo hombre. El último ejemplo de esta descoordinación ha sido el repentino apoyo a las consultas soberanistas que vienen celebrándose en Cataluña, que siempre han generado tensiones entre los dos socios de la federación CiU, Convergència Democràtica (CDC) y Unió Democràtica (UDC). Pero si hasta ahora los problemas eran entre partidos, ahora afectan ya al núcleo duro de CDC y del Gobierno. Y no solo por el hecho de que la consejera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, comparara estas consultas con los homenajes a los presos de ETA en su etapa como abogada del Estado. Bastó que el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, anunciara esta semana que el Ejecutivo prestará urnas a las entidades organizadoras de la consulta de Barcelona para que el presidente de CDC y expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, abominara de las consultas por llegar fuera de tiempo, según dijo.
Los consejeros discrepan sobre el tope de velocidad y la entrega de urnas
Pero lo que más revuelo ha causado en los últimos días ha sido el alarmismo -infundado, según la izquierda- sobre las finanzas de la Generalitat. El secretario general adjunto de CDC, Oriol Pujol, ha sido desautorizado por el Gobierno -y por su propio padre, Jordi Pujol- tras afirmar que la Generalitat "prácticamente" no podía pagar las nóminas. Aunque para muchos este tipo de declaraciones no merezcan más que una nota a pie de página, lo cierto es que no han gustado nada en el Departamento de Economía, cuyo titular, Andreu Mas-Colell, está luchando contra viento y marea para restablecer la confianza en los mercados.
Tampoco gustó en el ámbito empresarial que el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, diera por hecha la "caída" de Spanair si la Generalitat no salía al rescate mediante un crédito de 20 millones. Todo esto, sumado a los primeros incumplimientos de promesas electorales, como el recorte del presupuesto sanitario, comienza a enfrentar al Gobierno no solo con los sindicatos y la oposición, sino también con sus bases electorales, que no esperaban un recorte tan fuerte.
Socialistas, republicanos y ecosocialistas han sido implacables al denunciar estos "desaguisados" y recuerdan que al extinto tripartito no se le perdonó ninguno de sus frecuentes desencuentros y declaraciones contradictorias.Los frecuentes tropiezos del Gobierno catalán han dado aire sobre todo al Partit dels Socialistes (PSC), que espera así poder desviar un poco la atención de los problemas internos que sufre tras su fracaso electoral del 28 de noviembre. Tras unas semanas de inacción, los socialistas comienzan a ponerse las pilas, molestos porque el Gobierno de CiU no deja de abominar de la gestión económica del tripartito pese a que el PSC decidió facilitar la investidura de Artur Mas en diciembre.
La portavoz adjunta del PSC en el Parlament, Laia Bonet, calificó ayer de "errática" la actuación del Gobierno y acusó a Artur Mas de gobernar con "desidia", refiriéndose a polémicas como la relacionada con la flexibilización de las limitaciones de velocidad para acceder a Barcelona. Bonet pidió a Mas que convoque la reunión de partidos a que se comprometió al acceder al cargo. Los socialistas entienden que es en esta reunión donde se debería haber debatido el plan de viabilidad que el Gobierno catalán envió al central sin consultar con los grupos parlamentarios.
La presidenta del PP, Alicia Sánchez-Camacho, se sumó a las críticas al Gobierno asegurando que el equipo de Artur Mas ha actuado como un grupo "de amateurs" en las primeras semanas al frente del Gobierno. "Se esperaba mucho más de la experiencia política de Artur Mas y de Convergència i Unió", dijo.
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