La promotora de Zambrana afirma que Sidepur cobró por servicios no ejecutados

Riera Urbanizer, compañía que se gastó cerca de 5 millones de euros en opciones de compra sobre unos terrenos que supuestamente iban a ser recalificados en Zambrana, considera que Sidepur, empresa que el ex diputado foral Alfredo De Miguel introdujo en el proyecto, cobró por servicios no ejecutados. Así lo estipulan en la querella interpuesta por la mayoría de los accionistas de la compañía, entre ellos el grupo catalán Riera, contra el ex administrador de Riera Urbanizer, Francesc Fernández Joval, acusándole de un delito de disposición fraudulenta de los bienes.

Según fuentes oficiales de Riera Urbanizer, Sidepur cobró 895.000 euros en una operación que, según su administrador, Josu Arruti, fue "totalmente legal" y que la justicia investiga en el marco de la supuesta trama corrupta del caso De Miguel por si hubo pago de comisiones ilegales. Sidepur, a su vez, abonó 180.000 euros a la empresa de De Miguel, Kataia Consulting por supuestos trabajos técnicos que ésta, a su vez, subcontrató.

A estos 895.000 euros hay que sumar otra factura de 36.000 euros por un servicio que los accionistas de Riera Urbanizer consideran que no llegó a ejecutarse. Las citadas fuentes subrayaron que la demanda interpuesta contra Fernández Joval también pone en tela de juicio la gestión del ex administrador con otros proveedores y no se debe exclusivamente a lo ocurrido en Zambrana. "Es una querella interna entre los accionistas de Riera Urbanizer [Fernández Joval también tiene participación en la empresa]. Sidepur sólo es un proveedor más. El origen de la querella es la discrepancia en los honorarios y la gestión realizada" a nivel global, añadieron.

Comisión

Fernández Joval dejó de ser administrador de Riera Urbanizer a finales de 2008. La compañía, dirigida ahora por Nicolás Guerrero, interpuso la demanda a mediados de 2010. La comisión de investigación de Juntas Generales alavesas que busca depurar las responsabilidades políticas de lo ocurrido en el plan urbanístico quiere citar a Guerrero para que su declaración sirva de contrapeso a la de Fernández Joval, quien compareció el pasado martes junto a Josu Arruti.

La comisión espera también para finales de mes tener los datos de transacciones de más de 3.000 euros realizadas por varias empresas cuyo nombre ha sido vinculado con la trama. Además de Errexal, Kataia Consulting, Eskalmelo, Riera Urbanizer y Sidepur, ha solicitado información sobre Landaburu Etxea, sociedad que el PNV alavés utilizó para comprar su nueva sede en pleno centro de Vitoria.