La oposición a Madrazo en EB quiere un pacto con IU para limpiar el censo de militantes
La guerra fría que mantuvieron durante meses los dos sectores enfrentados de EB después de que los partidarios de Javier Madrazo expulsaran en mayo a nueve dirigentes para hacerse con el control de la organización parece haber llegado a su fin. Todo apunta a que el conflicto entrará en otra etapa: el sector capitaneado por el coordinador general, Mikel Arana, tiene previsto firmar un convenio con la dirección de Izquierda Unida que permitirá limpiar el censo de militantes antes de que todos diriman sus diferencias en una ineludible asamblea general.
El madracismo, por su parte, plantea un texto alternativo en el que considera que la gestión de afiliación y cuotas es una "competencia exclusiva" de los órganos que controlan. Durante la era Madrazo, han sido recurrentes las acusaciones, por parte de militantes y cargos que terminaron dejando la formación, de que los censos de afiliados estaban manipulados para falsear el resultado de las asambleas en favor del sector oficial.
Los dos sectores celebran hoy sendos consejos políticos
Previsiblemente, cada uno de los sectores intentará aprobar su propuesta de convenio con IU. Cada uno tiene previsto para hoy celebrar su propio consejo político: En uno, el madracismo tiene mayoría al dar por válidas las expulsiones; mientras que el otro reintegra a los nueve dirigentes que se intentó apartar.
Los opositores al madracismo tienen a su favor que la comisión de Garantías de IU les ha dado la razón en el conflicto por las expulsiones: censuró que se recurriese a una "dimisión sin fecha", que vulnera la jurisprudencia constitucional. Pero eso no impedirá que los madracistas sostengan que EB es "soberana" y que la comisión de garantías de la formación vasca, controlada por los madracistas, ya les dio la razón.
El protocolo de relaciones entre IU y EB que el sector dirigido por Arana quiere aprobar estipula que la comisión de garantías de la formación vasca es el "máximo órgano competente" para dirimir conflictos orgánicos, según el texto al que ha tenido acceso este periódico. Pero también abre la puerta a que la comisión de garantías de IU sea competente en algunos supuestos, como vulneración de derechos fundamentales de los afiliados. La propuesta planteada por el sector madracista otorga todos los poderes al órgano que controlan.
El sector dirigido por Serafín Llamas desde la dimisión de Madrazo como presidente tendrá que explicar por qué se resiste a dejar en manos de un organismo externo, vinculado a la dirección de IU, la gestión del censo y del pago de las cuotas de afiliados.
Las dos corrientes también tienen abierta una batalla en los juzgados sobre las expulsiones, aunque es más que probable que el fallo judicial pierda su razón de ser si llega meses después de que una asamblea general haya nombrado un nuevo consejo político.
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