Una ex viceconsejera niega que Gerenabarrena mediase en la recalificación de Zambrana

Ana Oregi, ex viceconsejera de Ordenación del Territorio y Aguas entre 2005 y 2009, negó ayer que el presidente de la ejecutiva alavesa del PNV, Iñaki Gerenabarrena, mediase en favor del proyecto fallido de recalificación urbanística en Zambrana impulsado por destacados cargos y militantes del partido, entre ellos el ex diputado foral Alfredo de Miguel. Durante su comparecencia en la comisión de las Juntas Generales alavesas que busca depurar las responsabilidades políticas por lo ocurrido, Oregi explicó ayer que Gerenabarrena no se interesó por la cuestión, ni le envió un correo electrónico resaltando las bondades del proyecto.

Oregi, quien actualmente trabaja como arquitecta en el Ayuntamiento de Vitoria, fue uno de los representantes de Medio Ambiente que se oponían al proyecto de recalificación. Recordó que en marzo de 2009, durante una reunión de la Comisión de Ordenación del Territorio, los representantes del Gobierno y de la Diputación hicieron valer su mayoría para tumbar los informes técnicos que consideraban que los terrenos no resultaban aptos como suelo industrial.

Oregi asegura que no recibió ningún correo del dirigente del PNV

Los junteros peneuvistas sorprendieron ayer a los demás miembros de la comisión de investigación al aludir al acta de la reunión de marzo de 2009, que la comisión llevaba meses intentando conseguir. Su presidente, el popular Javier Ruiz de Arbulo, les reprochó que no facilitasen una copia a los demás partidos.

Los representantes peneuvistas citaron otra decisión similar tomada en la Comisión de Ordenación del Territorio de marzo de 2009, en la que se votó en contra de los informes técnicos para sacar adelante una modificación del Plan Territorial Parcial (PTP) de la zona Gernika-Markina. Esta modificación pudo incluir la regularización de la situación de la vivienda del ex lehendakari José Antonio Ardanza en la reserva de Urdaibai, según uno de los asistentes.

También compareció ayer un responsable de Ipar Kutxa. La entidad financiera fue la encargada de asesorar a los agricultores cuyos terrenos supuestamente iban a ser recalificados. En concreto, Ipar Kutxa les gestionó los contratos de las opciones de compra que adquirió Riera Urbanizer, una empresa participada por el grupo Riera, por un valor cercano a los cinco millones de euros. A su vez, Ipar Kutxa concedió a Riera Urbanizer un crédito para pagar a los agricultores.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria está investigando la operación urbanística por si hubo pago de comisiones ilegales en el marco de la supuesta trama corrupta del caso De Miguel. De momento, el juez no ha citado como imputado a nadie por los hechos de Zambrana.

La comisión seguirá con sus averiguaciones la próxima semana. Está prevista la comparecencia del militante del PNV Jon Buesa, quien medió en la operación, así como la de un responsable de Sprilur para explicar qué papel jugó la agencia pública encargada de la compra de suelo industrial