Así recorta la derecha

Hay tijeras y hachas. Hay recortes que procuran dañar lo menos posible a los trabajadores y hachazos que destrozan cada día un poco más el Estado del bienestar.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó el pasado año que las comunidades autónomas debían reducir su déficit para cumplir con los objetivos marcados por el Gobierno central y Bruselas. No todas han recortado igual. Hay diferencias ideológicas palpables.

El caso más hiriente es el de la Comunidad de Murcia, tantas veces exhibida como modelo de gobierno eficaz por nuestro sin par Javier Arenas.

El hacha popular murciana ha cercenado 75 euros de un complemento de 175 que recibían los profesores; ha reducido un 10% los complementos de las guardias del personal sanitario; ha incrementado en dos horas y media (de 35 a 37,5) la jornada laboral; ha eliminado el 30% de liberados sindicales. Todo, para ahorrar 300 millones de euros. El presidente Ramón Luis Valcárcel se niega a subir impuestos.

La otra comunidad que, junto con Murcia, superaba el déficit autorizado, Castilla-La Mancha, también ha hecho su plan de ajuste para ahorrar 1.000 millones. El socialista José María Barreda ha recortado gasto, pero ha aumentado los ingresos vía impuestos.

Algunas de esas medidas de ahorro son: reordenar el sector público; control del absentismo (en tres meses, han ahorrado 2,5 millones en Educación); recetar el fármaco más barato; suprimir ayudas (a la televisión pública, 10 millones) o cerrar los edificios públicos a las 5 de la tarde. Ahorrará 775 millones.

Además, ingresará 200 millones de euros mediante impuestos a los depósitos bancarios, la energía eólica y las actividades que afecten al medio ambiente.

Son tan dispares las fórmulas elegidas por esas dos comunidades que, el pasado 20 de enero, unos centenares de murcianos se manifestaron ante la Consejería de Economía de Murcia pidiendo ser gobernados por el presidente socialista: "Aquí una cosa queda, que nos gobierne Barreda", gritaban.

Otras comunidades del PP han seguido la senda murciana: Galicia ha despedido a 113 veterinarios de la empresa pública Seaga; ha recortado 220 millones en Sanidad; ha suprimido la gratuidad de los libros de texto; ha eliminado el complemento de 200 euros a las pensiones mas bajas.

La ultraliberal Esperanza Aguirre ha reducido el 5% del presupuesto en Educación, más en la pública que en la concertada; ha ampliado la devolución en el IRPF por gastos educativos, lo que beneficia a los padres que llevan a sus hijos a colegios privados; ha despedido a 1.500 profesores; ha congelado las becas de comedor... No es de extrañar que Madrid sea la comunidad que menos gasta por alumno en la escuela pública. Además, ha suprimido un centenar de empresas públicas y eliminará unos 2.000 de los 3.400 delegados sindicales.

La guinda la ha puesto el pasado domingo el jefe de cocinas del PP, Mariano Rajoy. En su periódico de cabecera anunciaba que, si llega a la presidencia del Gobierno, "cerrará o privatizará" 4.000 empresas públicas. Comenzando por las televisiones públicas autonómicas.

El plan andaluz de reorganización del sector público, aunque suprimirá 111 empresas, no privatizará ningún servicio. Ni siquiera Canal Sur. No restringirá los derechos laborales o sindicales. No habrá despidos. Ni reducción de salario o incentivos. Ni enchufados convertidos en funcionarios. La reforma ha sido pactada con los dos más importantes sindicatos del país, CC OO y UGT, y se tramita en el Parlamento.

¿No ven esta diferencia los sindicatos corporativos que se enfrentan a la Junta? ¿O es que prefieren seguirle el juego al PP, que critica las reformas de aquí, mientras reparte hachazos, y estos sí que afectan a los trabajadores, allá donde gobierna?