Los últimos de la colonia Castells

Maria Encarnación ya no saca su silla a la calle. Los débiles rayos de sol que se colaron ayer al mediodía entre las nubes le invitaban a recuperar una costumbre que ha marcado la vida de los vecinos de la sentenciada colonia Castells. Pero a Encarna -como la llaman en el barrio- ya no le quedan ganas de salir a la calle, ni siquiera se atreve a correr las cortinas para que entre el sol, porque el paisaje que se le presenta es desolador: la casita que había delante de la suya es un montón de escombros, en la calle ya no hay vecinos con los que sentarse a charlar ni niños jugueteando, y el incesante ruido de las piquetas le recuerda que la vivienda que ha ocupado los últimos seis años tiene los días contados.

Encarna ya ha recibido la orden de entregar las llaves, pero se niega porque no tiene derecho a un realojo ni dinero para una nueva vivienda. Ella es una de las últimas vecinas que quedan en las casas afectadas por la primera fase de demolición de la colonia Castells, una isla de 280 casas baratas situada en pleno barrio de Les Corts y levantada en la década de 1920 para los obreros de la fábrica de barnices Castells, hoy desaparecida.

La colonia fue un lugar muy especial, donde todos los vecinos se conocían y hacían vida en la calle, hasta que el Ayuntamiento decidió en 2003 que este entramado de pequeñas callejas peatonales y modestísimas viviendas, con una forma de vida y de relación vecinal propias de un pueblo, no encajaba en la gran ciudad. En el solar de la colonia Castells se construirán 400 pisos, una zona verde y equipamientos.Al margen de las decenas de okupas que en los últimos meses han hecho suyas algunas de las viviendas ya abandonadas, todos los vecinos afectados por la primera fase de desmantelamiento de la antigua colonia, excepto cinco familias, han dejado su vivienda. Según Reursa, el organismo al que el Ayuntamiento encargó la gestión de las expropiaciones, 54 de los vecinos tuvieron derecho a ser realojados, aunque una decena de ellos renunciaron a una nueva vivienda y prefirieron cobrar una indemnización. Otros 22 vecinos no han podido acceder a un realojo porque no cumplen las condiciones pactadas en 2001 (no eran propietarios de la casa en aquella fecha o no acreditaron que estaban de alquiler). Todos ellos se han buscado la vida, menos Encarna, Judit, Joan, la familia Cherres y Juana Pérez y su marido, cuyos escasos recursos económicos no les llegan para una vivienda de alquiler al precio de mercado. "¿Adónde voy si solo cobro una pensión de jubilación de 550 euros?", pregunta Encarna.

Cuando en 2005 alquiló su casita, en el pasaje de Barnola, ya sabía que la colonia estaba sentenciada. "Ya tenía asumido que iban a echarme, pero no puedo aceptar las condiciones en que lo hacen. Me siento maltratada y desamparada". A principios de la semana pasada le llegó el ultimátum: debía entregar las llaves el viernes día 28 o el Ayuntamiento iniciaría "el proceso administrativo" correspondiente para desalojarla. Ella no las entregó, como ninguna de las cuatro familias restantes, y advierte que deberán sacarla de su casa a la fuerza. "Aunque no está contemplado mi derecho al realojo, Reursa me prometió que estudiarían mi caso y me buscarían una nueva vivienda", asegura Encarna.

Joan Puig también se resiste a dejar su casa. Está en el paro y no cobra ningún tipo de ayuda. "¿Adónde voy sin trabajo y sin un duro?", pregunta Joan. El pasado día 28, arropado por el colectivo Salvem la Colònia, Joan acudió a la sede de Reursa, pero no entregó las llaves de su casa, sino una "simbólica llave de chocolate" para denunciar "la farsa del juego de promesas incumplidas en el proceso de expropiación".

Pere Serra, consejero delegado de Reursa, niega los incumplimientos denunciados por estos vecinos. "No dejaremos a nadie en la calle", asegura. Serra explica que la comisión de seguimiento de las expropiaciones puso el caso de estos vecinos en manos de los servicios sociales de Les Corts.

"Se les ha ofrecido entrar en el programa de viviendas para casos de emergencia social del Ayuntamiento, pero solo una familia ha aceptado", asegura el responsable de Reursa. "Los restantes reclaman el derecho al realojo, pero no cumplen los requisitos pactados para ello", agrega.