Un informe policial sobre Correa y su mujer halla vínculos con Camps y Agag

María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Francisco Correa, no es ajena al entramado de corrupción de su marido, sino una pieza importante, a juzgar por la documentación hallada en la casa que compartían ambos en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Un informe remitido por la policía al juez con la petición de que se mantuviera secreto y no se entregara a las partes recoge lo hallado en las agendas particulares de la entonces esposa del cabecilla de la trama Gürtel. Se citan, entre otros, los nombres de Francisco Camps, presidente de la Comunidad de Valencia; y de Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar.

"El grado de implicación de María del Carmen", escribe la policía, "dentro de las relaciones sociales establecidas entre los distintos individuos que forman parte de todo el entramado diseñado por Correa, es mayor de lo que manifiesta en sus declaraciones ante la sede judicial, cuando niega cualquier tipo de conocimiento o relación con estas personas, la mayoría imputadas en la presente causa. En sus agendas personales aparecen los nombres y apellidos junto a sus números de teléfono de Pablo Crespo, Jesús Sepúlveda, Rosalía Iglesias o Francisco Camps".

La esposa de Correa extrajo 345.456 euros de la 'caja b' del entramado

Rodríguez actuó de nexo entre su marido y el regidor de Majadahonda

El líder de la trama fue testigo de la boda de la hija de Aznar en El Escorial

Hay "numerosas" llamadas desde una firma de la red al teléfono de Agag

Alejandro Agag, que también aparece en la agenda particular de la mujer de Correa y no está imputado en el caso, siempre se ha mostrado ajeno a los negocios de la trama corrupta. Correa fue uno de los testigos de la boda de Agag con la hija de José María Aznar.

La policía destaca en su informe que el nombre de Agag "figura en repetidas ocasiones" no solo en la agenda particular de María del Carmen Rodríguez Quijano sino en numerosas llamadas desde Inversiones Kintamani "en las fechas 7/6/1997 y 7/10/1996".

Esta firma, propiedad de la trama, se dedicaba a la compraventa de bienes inmuebles. Fue creada en 1996 por el abogado Luis de Miguel (que montó para Correa el entramado societario en el extranjero). Las sociedades mercantiles holandesas Bellavista Holding BV y Jubilate Holding BV fueron socios constituyentes de Inversiones Kintamani. Tras dejar esas firmas Luis De Miguel, el abogado José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol, fue nombrado administrador único de Kintamani en 2005.

La policía sostiene que Kintamani, propietaria de fincas en Madrid, Marbella (Málaga) y Tarifa (Cádiz), entre otras ciudades, es una de las firmas de las que se sirvió Correa para blanquear dinero. El juez Antonio Pedreira ha enviado comisiones rogatorias a Holanda ante la convicción de que la trama oculta parte de su patrimonio ilícito en paraísos fiscales de las Antillas Holandesas. Holanda, de momento, no está colaborando con el juez.

Agag, al que cita la policía en el informe, fue socio de Jacobo Gordon, quien también fue testigo del enlace matrimonial y que es otro de los imputados en la trama.

En el sumario se incluye documentación que acredita que Pablo Crespo, número dos de la red, le entregó 600.000 euros para que adquiriese una finca en la población alicantina de La Nucia. Gordon también está relacionado con la firma Real Estate Equity Portfolio, que controla la mayor parte del accionariado de otras seis firmas dedicadas al negocio inmobiliario, entre ellas Proyecto Twain Jones.

En la agenda de la mujer de Correa también figuraba el nombre de "Rosa Bárcenas", en relación con la mujer del ex tesorero nacional del PP, que en realidad se llama Rosalía Iglesias Villar. La policía tiene documentos con un nombre parecido, aunque no exacto, al de la mujer de Luis Bárcenas, lo que la vincularía como una de las inversoras del Proyecto Twain Jones para construir 16 viviendas de lujo en la localidad de Majadahonda (Madrid). Supuestamente, la cantidad invertida por la mujer de Bárcenas en el citado proyecto es de 150.000 euros. En documentación intervenida en el despacho del abogado Blanco Balín, aparece esa cifra manuscrita, que la policía atribuye a su marido, Luis Bárcenas. El juez archivó hace meses la causa contra Iglesias Villar

En otra agenda intervenida a la ex esposa de Correa y que, según la policía, acredita que su papel en la red no era meramente testimonial, también aparece varias veces el teléfono de Gordon, junto a anotaciones referidas al presidente valenciano, Francisco Camps, y a su entonces jefa de gabinete ,Ana Michavila, hermana del ex ministro de Justicia José María Michavila. Alude en concreto a "una cena con afiliados" a la que asistirían "Paco Camps, Ana Michavila".

Los agentes concluyen en su informe que la ex esposa de Correa no es ajena "a la estructura empresarial ideada" por su marido, puesto que perteneció a los órganos de gobierno de algunas de las principales empresas. Señalan los responsables de la investigación que, desde su puesto de jefa de gabinete del ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, otro de los imputados en el caso, urdió adjudicaciones en connivencia con el regidor a favor de distintas sociedades de la red.

La mujer de Correa fue el nexo de unión entre este y el alcalde, señalan los agentes. Uno de los más importantes ingresos que ha tenido el entramado de Correa en Majadahonda, que le reportó un contrato de 1,5 millones de euros por la Oficina de Atención al Ciudadano de esa localidad, se produjo tras la llegada de Ortega al Ayuntamiento.

La policía dispone de documentación que revela que ella misma coadyuvó a la adjudicación de contratas a su marido. Ella recibía correos electrónicos dirigidos a su marido y a empresas de la red, de lo que se infiere que "era consciente" e incluso participó en el entramado de corrupción, del que además se lucró.

Ella conocía, además, la existencia de la caja B de las empresas de su marido, de las que extrajo a lo largo del tiempo al menos 345.456 euros.

En el informe hay abundante documentación que acredita la retirada de grandes cantidades de dinero en efectivo, algunas en billetes de 500 euros.

"No sería erróneo pensar que también habría participado como una pieza más en las funciones de reinversión del dinero ilícitamente obtenido por las adjudicaciones fraudulentas a las empresas" de su marido, se explica en el informe.

También conocía el extenso patrimonio que su marido ocultaba a través de testaferros y sociedades como dos barcos y numerosas fincas.