La noche toledana de CCM

En 1994, cuando el ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio compareció ante la comisión de investigación parlamentaria por su implicación en el caso Ibercorp, el portavoz socialista, a la sazón Juan Pedro Hernandez Moltó, le arrinconó. "¡Míreme a la cara, señor Rubio!, ¡de frente!, ¿me recuerda, verdad? ¿Usted es consciente de las consecuencias que está generando en la sociedad española su proceder, su pasividad, su falta de respuesta?", le espetó con crudeza mientras recordaba que dos años antes el Grupo Socialista había defendido la honestidad de Rubio para seguir de gobernador. Este levantó la vista y le clavó una cansada mirada.

El diputado Moltó, un hombre de verbo fácil, se convirtió entonces en inquisidor de Rubio. Ahora es él quien ha sido derribado por el Banco de España. El martes está citado en la Audiencia Nacional como imputado por presunta estafa, administración desleal y falsedad en su gestión en Caja Castilla-La Mancha (CCM) por una denuncia del PP, y tendrá que rebatir las acusaciones de "causar un enorme perjuicio patrimonial prescindiendo de los procedimientos legales, ocultando información, falsificando documentación y facilitando que determinadas personas obtuvieran dinero de la caja". También está imputado el ex director general, Ildefonso Ortega.

"Voy a hablar, y largo", dijo Moltó al conocer su citación en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de estafa y falsedad

El PP convirtió la intervención en un arma para desbancar al PSOE del Gobierno de Castilla La Mancha

Han pasado casi dos años desde que el 29 de marzo de 2009 Moltó fuera destituido junto a todo el consejo de administración por el Banco de España (BE), que al mismo tiempo intervenía la caja. Moltó, que ha estado callado todo este tiempo, se desahogó cuando conoció la citación: "Voy a hablar, y largo". Cuentan en Toledo, donde reside, que tiene ganas de soltar la lengua, y todos se preguntan en la imperial ciudad qué es lo que puede contar y cuánto de largo. Ahora tiene la oportunidad de hacerlo en sede judicial con todos los focos alumbrándole. EL PAÍS no ha logrado recabar su opinión.

El verdadero alcance del agujero de CCM se conoció un mes después de la intervención. El informe de la Inspección del Banco de España destapaba múltiples irregularidades. Casi un año después fue enviado a la Fiscalía General del Estado para que determinara si eran constitutivas de delito. El PP lo utilizó como arma arrojadiza para desbancar al Gobierno socialista de Castilla-La Mancha de José María Barreda, mientras arreciaba la pelea política alentada por la secretaria general del PP y aspirante al trono manchego, María Dolores de Cospedal, y los diputados nacionales por Toledo y Guadalajara Arturo García Tizón y Ramón Aguirre, respectivamente.

El informe sirvió para ratificar la actuación del Banco de España y alentó al gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (conocido como MAFO por las siglas de su nombre), que venía predicando desde hacía tiempo la reconversión sectorial. CCM fue la piedra de toque, aunque no era la única caja con dificultades manifiestas tras una etapa de desenfreno en la concesión de créditos por el boom inmobiliario. Ahora acumulan unos activos mastodónticos -en estos días tienen que comunicar al Banco de España cuántos tienen- que justifican la reforma.

Así que cuando Moltó comparezca el martes ante el juez Pablo Ruz, ni CCM ni el sector tendrán mucho que ver con lo que había entonces. Las cajas se encuentran en plena efervescencia de una reforma en la que ya se han reducido de 45 a 17 el número de entidades y que, con la vuelta de tuerca que el Gobierno ha dado esta misma semana, las llevará a convertirse en bancos irremisiblemente y, probablemente, a más integraciones. CCM, por su parte, fue absorbida por Cajastur y, tras la aprobación de la asamblea general, se segregó en el Banco CCM, con el 75% en poder de la entidad asturiana, y la Fundación CCM, que tiene el restante 25% y se encarga de la obra social.

Ese esquema sirvió de modelo para el resto del sector. No obstante, han logrado que no prospere la intención del Banco de España de convertirlas en fundaciones. Sí ha salido adelante el plan de recapitalización, en el que participará el capital público a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), creado precisamente tras el caso CCM con un total de 90.000 millones para prestar dinero a bancos y cajas. Ahora el FROB se utilizará para aportar capital y se convertirá en accionista de las entidades que lo requieran por no superar los mínimos exigidos.

El informe de la Inspección fue demoledor. Descubrió "graves errores, carencias y falta de control" y culpó a su presidente de extralimitarse ("aunque no tenía funciones ejecutivas, en la práctica presidía la Comisión Ejecutiva, el Comité de Dirección y realizaba funciones de gestión de forma directa"). Asimismo, subraya que "la estructura organizativa no contaba con líneas de responsabilidad clara y definida" y sostiene que la Comisión de Inversiones "no veló por el cumplimiento de los objetivos de su reglamento, no realizaba contraste con estrategia alguna, no tenía en cuenta la capacidad financiera de la caja y no informaba al consejo de administración".

La carencia de políticas de seguimiento se reflejó en la compra de participaciones minoritarias en sociedades cotizadas hasta llegar al 50% del total de las inversiones, en una concentración en inmobiliario que superó el 35% fijado por el consejo (el 80% de los créditos de más de 16 millones son de este sector) y en operaciones con personas vinculadas al grupo. En estas se repiten los nombres de Domingo Díaz de Mera, los hermanos Antonio e Ignacio Barco y Méndez Pozo, a los que se atribuye un riesgo superior a los 400 millones. Y destaca la participación en el aeropuerto de Ciudad Real, donde la caja asumió un riesgo excesivo (336 millones) acudiendo a tres ampliaciones de capital sin el visto bueno de la Comisión de Inversiones, así como resort El Reino de Don Quijote, donde ese grupo pretendía hacer un parque temático estilo Las Vegas.

Además, aparece la compra de acciones de Inmobiliaria Colonial, cuando ya su entonces propietario Luis Portillo estaba fichado en el Banco de España por impago de 150 millones; la relación con Metrovacesa y su filial francesa Gecina, en las que era consejero el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, a su vez consejero de la Corporación CCM; e Isolux, con la que inició un proyecto de energía solar en el que comprometió un desembolso de 65 millones de difícil recuperación.

Las irregularidades siguen: créditos dudosos a filiales -algunas con los citados inversores-, que superaban sus recursos propios por 417 millones; relaciones con la familia Fermoselle (ex propietaria de Parque Sol); avales cruzados con la Caja de Ahorros de la Inmaculada a favor del grupo Ventero Muñoz, que ha supuesto un fallido de 13 millones; proyectos de energía con Renovalia, Díaz de Mera y los hermanos Barco, arrojando 60 millones que se dan por perdidos; proyectos especulativos en terrenos no urbanizables con riesgo de 146 millones...

Tanto deterioro de activos y créditos obligó a ajustes por 1.100 millones que fueron asumidos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Este organismo había aportado 1.650 millones para dotar de liquidez y cubrir endeudamiento el día de la intervención. Posteriormente, ha respaldado 2.475 millones para cubrir las pérdidas previstas de 23.000 créditos identificados. Es decir, el coste máximo de la intervención se puede elevar a 4.100 millones; pero si se recuperan todos los activos se reduciría a 3.000.

Esa cantidad es la que exigía Unicaja para quedarse con CCM y rechazó el Banco de España -solo aceptaba 1.500- poco antes de aquel último domingo de marzo en el que un Consejo de Ministros extraordinario bendecía la intervención y aprobaba la concesión de un aval de hasta 9.000 millones para garantizar los depósitos. Mientras, el Banco de España llamaba a capítulo a Moltó, que se enteró en el trayecto de Toledo a Madrid del motivo de su viaje.

Fernández Ordóñez explicó la intervención en el Congreso de los Diputados cinco días después: "CCM se había ido deteriorando por las disputas políticas fundamentalmente; si no hubiera sido así, habríamos seguido mareando la perdiz". Fue un ataque franco a la intromisión política en la gestión de las cajas, "que hace enormemente difícil la búsqueda ágil y eficaz de soluciones". En aquella intervención, el gobernador desveló que la entidad había sido objeto de un "seguimiento especial" y que ya en 2003 había recibido avisos para moderar la financiación de la actividad promotora, que a la larga ha sido su tumba. Asimismo, el gobernador subrayó que había pasado dos inspecciones desde 2008 y que, tras la primera, se había puesto en evidencia la necesidad de buscar una "solución privada, preferentemente otra caja de ahorros". En octubre, además de requerir a CCM para que controlara los riesgos y advertirla de problemas crediticios, el Banco de España propició conversaciones con Ibercaja.

Las negociaciones con la caja aragonesa fracasaron. Posteriormente, con Unicaja pasó lo mismo, aunque casi llegaran a cuajar. Pese a que Fernández Ordóñez calificó la intervención de "impecable", muchos observadores reseñaron que había habido precipitación. También se apunta ahora que se podía haber buscado una tercera oportunidad teniendo en cuenta que el banco central preparaba la reestructuración sectorial. El gobernador culpó a la caja: "Dado que los administradores no habían sido capaces de hallar una solución, no parecía razonable demorar las medidas cautelares para buscar otras soluciones". "Existía el riesgo evidente de que sufriera una crisis de confianza y la retirada de depósitos que podían provocar un colapso de liquidez", apunta una fuente destacada del sector.

La retirada de depósitos, que alcanzó los 1.000 millones en los días posteriores a la intervención, había comenzado antes. Los responsables de la caja la atribuyeron a la campaña de desprestigio que lanzó el PP, que también obligó a dimitir a sus consejeros. El Banco de España trató de parar la sangría y encargó la gestión a Xabier Alkorta -un hombre que se ganó el prestigio como director de la Kutxa-, que adoptó como brazo derecho al hasta entonces director adjunto Gorka Larrondo. La nueva gestión permitió recuperar fondos, mientras se buscaba un comprador. Resultó ser Cajastur, que superó contra pronóstico a BBK, y, que tras ingeniar un diseño novedoso (el banco y la fundación), esperó a que sus propuestas fueran aprobadas por la Asamblea General. Pero encontró muchos obstáculos, sobre todo por acción del PP, cuyo objetivo era (y es) Barreda. Ni Cajastur ni Moltó, a quien se considera una pieza amortizada del que todos están convencidos de que no ha dado ningún pelotazo ni se enriquecido.

El PP reconoce que el filón para sustanciar las actuaciones judiciales partió de la intervención del subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, en la Comisión de Seguimiento del FROB en el Congreso de los Diputados el 7 de septiembre de 2010: "Levantó la liebre al informar de que se habían enviado a la Fiscalía las operaciones descubiertas y que existía una discrepancia conceptual sobre quiénes debían ser los patronos de la Fundación CCM". En consecuencia, preparó la denuncia a Moltó, que presentaron seis representantes del partido en la Asamblea General de la caja en un juzgado de Cuenca, con la intención de que se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional al afectar a más de un territorio. Así fue.

De la redacción se encargó el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, que además de las irregularidades incluyó el expediente sancionador abierto por el Banco de España contra los miembros del consejo. Economía lo ratificó y Moltó y Ortega fueron multados con 155.000 y 150.000 euros e inhabilitados por cinco años, mientras el resto recibió sanciones de menor cuantía cuyo recurso no ha prosperado.

Paralelamente, el PP puso una querella contra los administradores nombrados por el Banco de España (Jorge Pérez-Cerdá, Carlos Hervás y Raúl Hernández) "por suplantar competencias y modificar los estatutos de la Fundación CCM" que se habían aprobado en la asamblea del 30 de junio. Esos cambios, que se hicieron en virtud de un decreto del Gobierno de Barreda, se elevaron a escritura pública en una notaría de Toledo por parte de los administradores. La querella fue admitida a trámite en un juzgado de esa ciudad, que el pasado 11 de enero dictó un auto en el que requiere a la notaría que remita copia de la escritura y al BE, al banco CCM y a la Fundación CCM que envíe los acuerdos de la asamblea. Además el PP presentó recurso contencioso contra la vicepresidenta de Castilla-La Mancha, María Luisa Araújo, contra la que inicialmente también quiso querellarse al considerar que fraguó un fraude de ley con el decreto.

El conflicto radica en que el decreto sustituyó como patronos a las nueve instituciones nombradas en la asamblea por sus 30 representantes. El cambio se hizo basándose en que deben ser personas físicas y no jurídicas, según un informe jurídico del bufete Cuatrecasas y previa consulta al Banco de España. La cuestión que debe dilucidar el juez es si los administradores tenían poderes para hacerlo sin someterlo a una nueva asamblea. Algo que, a juzgar por la mayoría obtenida el 30 de junio (110 sobre 150 cuando se exige dos tercios), se habría logrado.

El caso CCM ha cubierto siete plenos monográficos en las Cortes castellano-manchegas y el PP ha pedido ocho veces abrir una comisión de investigación, que el Gobierno de Barreda ha rechazado sistemáticamente. "Querían que nos prestáramos a un paripé cuando ya el Banco de España había abierto una investigación", sostienen fuentes socialistas., que descalifican a Cospedal por incurrir en continuas contradicciones defendiendo en Madrid lo que ataca en Toledo y a quien tachan de subordinar los intereses de la caja y de la región a los del partido.