Miles de yemeníes exigen en las calles de Saná el fin del régimen
Los manifestantes se rebelan contra la corrupción, el nepotismo y la miseria
Miles de yemeníes se manifestaron ayer por las calles de Saná exigiendo una mejora de sus condiciones de vida y el fin a los 32 años de presidencia de Ali Abdalá Saleh. Como en el caso de Túnez que les ha servido de inspiración, los yemeníes se quejan de la carestía de los alimentos, de la corrupción y del nepotismo. Pero la fragilidad del Estado, con un movimiento separatista en el sur, una insurrección en el norte y los tentáculos de Al Qaeda aprovechando la ausencia del Gobierno central en la mayor parte del país, hace que Yemen corra el riesgo de convertirse en una nueva Somalia más que en otro Túnez.
"La gente se manifiesta por la falta de trabajo y de justicia", explica Jaled desde Saná. "Además, cada día hay más víctimas tanto civiles como militares en el sur", añade este hombre que a pesar de su formación universitaria lleva meses en el paro.
El presidente busca un mandato vitalicio tras 32 años en el poder
La oposición parlamentaria, que intenta capitalizar el efecto Túnez ante las elecciones previstas para el próximo abril, convocó cuatro manifestaciones en otros tantos puntos de la capital yemení con el fin de dividir a las fuerzas policiales. La principal tuvo lugar ante la Universidad de Saná, y reunió a unas 10.000 personas. Al menos otras 6.000 acudieron a las otras convocatorias. En Adén, un hombre intentó inmolarse.
Desde el derrocamiento de Zine el Abidine Ben Ali, estudiantes y activistas han llevado a cabo numerosas protestas en diversas ciudades, pero la de ayer ha sido la más concurrida y la que más directamente ha cuestionado a Saleh, algo que hasta ahora pocos se atrevían a hacer en público.
"Solo aceptaremos que se vaya el presidente", declaró el diputado independiente Ahmed Hashid, citado por la agencia Reuters. A pesar del despliegue policial, no se produjeron incidentes significativos.
Saleh, de 68 años, ha intentado rebajar la tensión anunciando el pasado domingo un aumento de los salarios para todos los funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad de al menos 47 dólares mensuales (unos 35 euros), una cifra significativa en un país cuya renta per cápita apenas alcanza los 1.000 dólares anuales. El mandatario también ha negado que planee instalar a su hijo Ahmad en la presidencia, como denuncia la oposición.
Este cabo que llegó al poder en Yemen del Norte en 1978, asumió en 1990 la presidencia del país unificado. Saleh logró la victoria en las elecciones presidenciales convocadas en 1999 con más del 90% de los sufragios, y repitió en 2006 con el 77%.
Aunque su mandato concluye en 2013, una enmienda constitucional que actualmente debate el Parlamento contempla su elección vitalicia.
Ante las protestas de la oposición y el malestar generalizado entre la población, el partido del presidente dio marcha atrás la semana pasada barajando la posibilidad de introducir una enmienda en la reforma que limitaría el mandato presidencial a un máximo de dos periodos de cinco o siete años.
Los líderes de la oposición rechazaron la idea, ya que la formulación de la enmienda habría permitido a Saleh presentarse a otros dos mandatos.
Así que los yemeníes exhibían ayer pancartas en las que se leía "Ben Ali se fue después de 20 años, 30 años en Yemen ya basta". "Es tiempo de cambiar", coreaban los manifestantes.
Pero más allá de su apego al poder, lo que tiene a los yemeníes indignados es la vergonzosa gestión de las finanzas públicas. Saleh utiliza el Gobierno para comprar lealtades en detrimento de un genuino desarrollo del país.
Lo mismo sucede con la ayuda militar que Estados Unidos facilita a Saleh para combatir a las células de Al Qaeda presentes en Yemen, tal como revelaron los papeles del Departamento de Estado publicados por EL PAÍS el pasado diciembre.
Mientras tanto, la tasa de paro alcanza al menos el 35%, según señaló a Reuters el analista político Abdul Ghani al Iryani, citando optimistas estimaciones gubernamentales; los ingresos procedentes del petróleo -que representan un 70% del presupuesto del Gobierno- caen sensiblemente; la mitad de los 23 millones de habitantes vive por debajo de la línea de pobreza (menos de dos dólares al día) y carece de instalaciones sanitarias; un tercio sufre hambre crónica.
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