El juez que se tomaba su tiempo

Juli Solaz ya no es el juez del caso Palau. El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado sábado su nombramiento como magistrado de la Audiencia de Barcelona y ese mismo día dejó de ser el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona. Atrás queda año y medio de una investigación judicial repleta de decisiones singulares que nunca perjudicaron a los saqueadores confesos Fèlix Millet y Jordi Montull.

Solaz se marcha, además, sin investigar el supuesto pago de comisiones a Convergència Democràtica por parte de la constructora Ferrovial, compañía que siempre ha negado los pagos. El informe de la Agencia Tributaria entregado al juez el 3 de agosto constata que CDC se embolsó 5,9 millones de euros en comisiones ilegales de hasta el 4% de las obras públicas procedente de las obras públicas adjudicadas por los Gobiernos de Jordi Pujol desde el año 2000. Según los peritos, el Palau se quedaba con entre el 0,5% y el 1,5% del importe de las obras y el resto iba a parar a las arcas de CDC, tanto en efectivo como a través de la Fundación Trias Fargas.

El cambio de destino no es un ascenso forzoso, sino totalmente voluntario

Juli Solaz se va sin imputar a Osácar ni a Colom por el pago de comisiones a CDC

El pasado día 21, la víspera de cesar como juez instructor, Solaz abrió una pieza separada para investigar esos pagos, más de dos meses y medio después de que se lo solicitase el fiscal. Pero el juez no atendió la petición que también le formulaba la fiscalía de imputar al que había sido tesorero del partido, Daniel Osácar, y al secretario de Inmigración de Convergància, Àngel Colom. Osácar abandonó el cargo coincidiendo con la llegada de Mas a la presidencia de la Generalitat.

El cambio de destino del juez Solaz, además, es totalmente voluntario, no es ningún ascenso obligado. El magistrado llevaba más de 20 años como juez de instrucción de Barcelona y se marcha para trabajar más en la Sección 22 de la Audiencia Provincial, adscrita a la jurisdicción penal, y ganar entre 300 y 400 euros mensuales menos. En su anterior destino realizaba entre cuatro y cinco guardias, dependiendo del calendario, y esa función está muy bien retribuida en la ciudad de Barcelona. Antes de cambiar de plaza, Solaz decidía solo en su juzgado. Ahora formará parte de un tribunal colegiado de tres magistrados que, además, no presidirá él, sino su amigo Joan Francesc Uría, también procedente de otro juzgado de instrucción.

En este año y medio, la investigación del juez Solaz ha estado repleta de decisiones singulares. Tardó un mes y medio en aceptar la querella del fiscal Emilio Sánchez Ulled para que los Mossos registraran el Palau de la Música, y cuando lo hizo, no adoptó ninguna medida para asegurar que no se destruirían pruebas. Las cámaras de seguridad captaron al cabo de unos días cómo un empleado sacaba documentación.

Del mismo modo, el juez tardó tres meses en imputar a Fèlix Millet y Jordi Montull, y cuando les tomó declaración, no solo no atendió la petición de prisión de la fiscalía, sino que no adoptó ninguna medida cautelar contra ellos, como imponerles una fianza para evitar su huida.

Solaz también retrasó al máximo la imputación de otra querellada, Gemma Montull, a la que tampoco impuso ninguna medida, aunque la Audiencia de Barcelona le enmendó después la plana y le hizo depositar una fianza de 500.000 euros. Solaz, además, fue retrasando la investigación del caso hasta que los peritos de Hacienda emitieran su informe. Lo hicieron el 3 de agosto y cuantificaron el presunto desfalco en más de 35 millones de euros. Lo habitual en esos casos es llamar a los peritos para que se ratifiquen en el informe y que las acusacions y defensas puedan preguntar, pero Solaz admitió la petición de los abogados defensores para demorar la declaración de los peritos, que postergó hasta después de las elecciones autonómicas del 28 de noviembre.

La marcha de Solaz puede suponer un nuevo retraso en la instrucción de la causa. El Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona se queda desde ayer sin juez titular y la plaza no saldrá a concurso hasta finales de marzo. A ella puede concurrir cualquier magistrado de España y se le adjudicará al que sea más antiguo en la carrera judicial. El nuevo titular no tomaría posesión hasta finales de mayo, según fuentes judiciales.

Mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial ha ofrecido la plaza en comisión de servicios y al parecer la han solicitado ya tres jueces, pero no se ha asignado todavía. Ese juez podrá decidir lo que considere oportuno sobre el caso Palau, pero lo razonable es que no impulse la investigación, dada su provisionalidad en el cargo.