El FBI interroga a sus anchas a los inmigrantes en territorio de México
Calderón autorizó a los agentes a seguir la pista del terrorismo internacional
El Gobierno de Felipe Calderón permite que la policía norteamericana interrogue directamente a miles de indocumentados detenidos en México, según los documentos confidenciales del Departamento de Estado filtrados por Wikileaks. Los sin papeles atraviesan el país rumbo a la frontera con Estados Unidos: 3.326 kilómetros de divisoria y diarias entradas ilegales dirigidas por los contrabandistas de personas, los coyotes.
México es un país muy nacionalista donde la intervención de terceros causa fricciones políticas y sociales, pero los cables de los diplomáticos norteamericanos revelan que el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) autorizó que los indocumentados fueran interrogados por el FBI y otras agencias de seguridad a requerimiento de las autoridades norteamericanas, obsesionadas con la posibilidad de que el terrorismo internacional aproveche la porosidad de la frontera para atacar EE UU.
"La corrupción y el caos favorecen la infiltración de terroristas"
El embajador destaca la rivalidad y los celos entre las agencias de seguridad mexicanas
EE UU propone una policía interna para descubrir a los agentes corruptos
El presidente solicitó ayuda a Washington para poner orden en Ciudad Juárez
Los sin papeles detenidos son recluidos en centros de detención de inmigrantes antes de su puesta en libertad o deportación a sus países de origen, mayoritariamente en América Central, pero también de otras muchas nacionalidades. Según los documentos, los cuerpos de seguridad norteamericanos implicados en la lucha antiterrorista consideran anárquico el funcionamiento de los servicios de inteligencia mexicanos y se muestran irritados por la corrupción institucional. "En lugar de concentrar a los detenidos [inmigrantes indocumentados] en una instalación cerca de la capital, las autoridades migratorias detienen y liberan a los detenidos en el mismo lugar donde los encontraron", lamenta la embajada en un informe enviado al subdirector del FBI (Oficina Federal de Investigación), John S. Pistole, poco antes de su viaje a México en 2008.
No cita el cable el motivo de buena parte de las detenciones: la extorsión de los indocumentados, liberados a cambio de pagos en efectivo o en especie. Las quejas norteamericanas sobre irresponsabilidad policial tuvieron su efecto. "El CISEN, que es nuestro principal interlocutor en la lucha antiterrorista, ha permitido a funcionarios del Gobierno de EE UU entrevistar a los extranjeros detenidos en los diferentes centros de detención desplegados por todo el país para recabar potencial información sobre terrorismo". EE UU considera que la extensión de su frontera sur con México y el escaso control policial ejercido por la policía mexicana sobre el intenso cruce de personas y mercancías lo convierte en un país adecuado para los grupos terroristas dispuestos a lanzar un ataque contra su territorio.
"Un caos rampante, la generalizada corrupción y la incapacidad del Gobierno para combatir esos fenómenos han sido percibidos como unas preocupantes amenazas por quienes buscan en nuestra frontera sur signos de potencial infiltración terrorista", comunica la embajada al subdirector del FBI. El presidente Calderón, según se precisa, está tomando medidas contra ese desorden, con el despliegue de 40.000 soldados, entre otras medidas, pero su Gobierno "tiene otra mirada" respecto a los asuntos de seguridad que interesan a EE UU. Su ofensiva contra el delito organizado desencadenó "violentas luchas dentro de los carteles, así como ataques a los cuerpos de seguridad y un número récord de muertes relacionadas con el narcotráfico". Más de 15.000 personas perdieron la vida el pasado año en muertes relacionadas con el narcotráfico, casi el doble que en 2009; y entre 2006 y 2009 los diferentes cuerpos policiales detuvieron a 99.115 personas en su cruzada contra las drogas.
El embajador en México, Carlos Pascual, alertó sobre el pobre aprovechamiento de los servicios de inteligencia mexicanos, en un informe de noviembre de 2009 remitido al Departamento de Estado. Cita la desconfianza, los celos y la rivalidad entre los diferentes aparatos de inteligencia nacionales como sus principales vicios. No es la primera vez que la legación diplomática denuncia esa descoordinación pero en esta ocasión constata la falta de interés de altos funcionarios en su erradicación: "En una reciente entrevista con funcionarios de la embajada, el secretario [ministro] de Defensa, Guillermo Galván, demostró escaso interés en reforzar la cooperación con otras agencias".
Para EE UU es fundamental aunar esfuerzos, pero a la espera de que así sea, pide a México acelerar el paso contra la corrupción y propone la creación de una policía interna para descubrir a los agentes vendidos al delito, y la utilización del polígrafo en las unidades policiales con información y misiones de envergadura. La situación es alarmante, puesto que la mafia esquiva frecuentemente a la miríada de organismos que participan en la lucha contra el narcotráfico, entre ellos la Secretaría de Defensa y la Marina, el CISEN y la Secretaría de Seguridad Pública (Ministerio del Interior) junto a la Procuraduría General de la República (Fiscalía General) y la Policía Federal. Los 31 Estados de la República y el Distrito Federal, sede de la capital, también cuentan con servicios policiales y de información propios.
Por definición, el CISEN debiera auxiliar, coordinar tareas y procesar la información de otras agencias, pero carece de la capacidad para hacerlo, al toparse con los militares. Sin el liderazgo del CISEN, que pugna por conseguirlo, los servicios de inteligencia que persiguen a narcotraficantes, secuestradores, traficantes de armas, personas y dinero rinden cuentan a sus propios jefes, que administran la información a conveniencia o la subastan. Los carteles atrincherados en Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas son especialmente violentos y utilizan cualquier medio para conservar sus feudos.
Tres meses después del envío al Departamento de Estado del informe diplomático sobre el anárquico funcionamiento de los servicios de inteligencia, Calderón solicitó ayuda a la secretaria de Seguridad Interior norteamericana, Janet Napolitano, para poner orden en Ciudad Juárez, con un millón y medio de habitantes, ciudad fronteriza convertida en emblema del delito. Concretamente pidió la entrada en liza del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC), población norteamericana situada frente a Ciudad Juárez, al otro lado del río Bravo.
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