Ante el pacto social: mejor reformas sin pacto que pacto sin reformas

La economía española se enfrenta a la refinanciación de su elevada deuda (pública y privada) bajo la incertidumbre acerca de su creciente coste y de sus posibilidades de recuperación. En estas circunstancias, el logro de un amplio pacto social que consolide las bases del ya iniciado ajuste fiscal y acelere la puesta en marcha de las reformas imprescindibles para relanzar el crecimiento constituiría un avance muy importante. Primero, porque permitiría reducir la incertidumbre y recuperar la confianza. Segundo, porque cuanto mayor sea su credibilidad, menor será el impacto negativo del ajuste fiscal sobre el crecimiento a corto plazo. Finalmente, y lo más importante, porque estas reformas, que llevan pendientes desde hace mucho tiempo, son imprescindibles para lograr una rápida transición a una senda de crecimiento sostenible.

Resulta fundamental reformar las pensiones, la negociación colectiva y la contratación laboral

No obstante, si el logro de un amplio acuerdo implicara retroceder en algunas de las reformas en marcha y edulcorar otras necesarias, estaríamos ante una nueva oportunidad perdida de corregir los problemas de nuestro modelo productivo. En palabras del presidente del Gobierno: "Lo mejor es una reforma compartida... Lo peor es la no reforma por principio y, por tanto, la parálisis de la negociación o la falta de acuerdo insuperable" (Informe Económico del Presidente del Gobierno de 2010).

Por consiguiente, sin olvidar reformas de más largo alcance (sistema educativo o política energética), pensamos que el logro de un pacto social en los próximos meses debería articularse alrededor de tres pilares fundamentales: la reforma de las pensiones, la reforma de la negociación colectiva y la profundización de la reforma de la contratación laboral.

- La reforma de las pensiones. Una vez cumplido el objetivo de déficit público en 2010, y reiterado el compromiso de reducirlo al 3% en 2013, es imperativo dotar a las cuentas públicas de unas bases más sólidas a medio y largo plazo. Ante el imparable cambio demográfico, con trabajadores cada vez más longevos, el sistema público de pensiones no puede permanecer inalterado. La reforma de las pensiones debe dirigirse a controlar el aumento del gasto derivado de este cambio demográfico. Para lograrlo existen varias alternativas, entre ellas las medidas contempladas por el Gobierno para ampliar el periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión y alargar la vida laboral. Pero no todas son igualmente deseables en términos de eficiencia y equidad. Las que cumplen estos requisitos son las que avanzan hacia la proporcionalidad entre las cotizaciones efectivamente realizadas a lo largo de toda la vida laboral y la pensión, en línea con la recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo, y aquellas que consigan retrasar la edad efectiva de jubilación. Además, sería deseable mantener una cierta flexibilidad en la edad de jubilación, permitiendo el acceso a la jubilación a diferentes edades siempre y cuando se produzca el correspondiente ajuste actuarial de la pensión a percibir en función de las cotizaciones realizadas a lo largo de toda la vida laboral y de la esperanza de vida en el momento de la jubilación.

- La reforma de la negociación colectiva. Debe ir dirigida a configurar un marco institucional que permita incrementar la competitividad a corto plazo y el crecimiento de la productividad en el medio y largo plazo.

Lo primero se logra con un ajuste de precios y salarios (devaluación interna) que, sin reformas, será mucho más lento y doloroso. Lo segundo requiere favorecer la reasignación sectorial del empleo y la reorganización del trabajo en las empresas.

La actual regulación de la negociación colectiva produce una elevada inercia salarial que, de mantenerse, hará que la devaluación interna se produzca a un coste social muy alto. Dicha regulación también dificulta el recurso a la flexibilidad interna por parte de las empresas para limitar los efectos negativos sobre el empleo de cambios tecnológicos o variaciones en la demanda. Respecto al crecimiento de la productividad, la falta de flexibilidad interna retrasa la adopción de nuevas formas de organización del trabajo que, junto con la introducción de nuevas tecnologías, ha constituido la principal fuente de crecimiento de dicha variable recientemente en los países más avanzados.

Para superar estas deficiencias es necesaria una regulación que, respetando la autonomía negociadora de los agentes sociales, permita adaptar los convenios colectivos a la realidad económica. Para ello es necesario separar los aspectos más permanentes de las relaciones laborales, como por ejemplo las normas relativas a seguridad e higiene en el trabajo, que deberían negociarse en convenios de sector de ámbito estatal o autonómico con eficacia jurídica normativa, de aquellos que permiten a la empresa adaptarse a la situación externa, como salarios, funciones, horarios, etc. Estos deben tratarse en convenios de empresa o superior, pero en todo caso restringiendo su eficacia a las empresas representadas en la mesa negociadora y permitiendo a las empresas individuales y a sus trabajadores negociar acuerdos diferentes si lo desean. Con ello se alcanzaría una estructura y articulación de la negociación colectiva mucho más coherente con la nueva realidad económica.

- La profundización de la reforma de la contratación laboral. La reforma laboral aprobada recientemente se centró principalmente en introducir cambios en las condiciones de contratación laboral y en las causas y procedimientos de los despidos por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas o productivas), a fin de reducir la segmentación entre trabajadores con contratos indefinidos y temporales. Aparte de que las medidas adoptadas fueron parciales e insuficientes, desde entonces se ha anunciado un proyecto de Real Decreto que, con el pretexto de aclarar los criterios de aplicación de los despidos colectivos y reforzar los ajustes vía suspensión temporal de empleo o reducción de jornada, da marcha atrás en algunos de los pocos aspectos positivos de esta reforma. Estos cambios apuntan a que la negociación del pacto social camina en dirección contraria a la de una verdadera reforma de la contratación que eliminara, de una vez por todas, la injusta segmentación de nuestro mercado laboral, sin afectar sustantivamente al nivel medio de protección al trabajador. En este sentido, reiteramos que solo con una reforma que promueva una indemnización por despido creciente con la antigüedad para todas las nuevas contrataciones se conseguirá eliminar la lacra, en términos económicos y sociales, que acarrea la dualidad en nuestro mercado de trabajo y la permanente precariedad a que se condena a determinados colectivos, especialmente a los jóvenes. La próxima regulación del Fondo de Capitalización (fondo austriaco), requerido por la Ley de Reforma Laboral de septiembre de 2010, constituye una oportunidad inmejorable para enderezar el rumbo y avanzar por el camino adecuado.

Javier Andrés es profesor de la Universidad de Valencia; Samuel Bentolila, del CEMFI; Juan José Dolado, de la Universidad Carlos III; y Luis Garicano, de la London School of Economics; y representan al grupo promotor del Manifiesto de los 100 economistas por una reforma laboral