La Audiencia condena a los gestores de Urbancasa por una estafa continuada

Ángel Crespo y María Victoria Ferrer, responsables de casi una treintena de acciones fraudulentas en la Ribera de Navarra y en Guipúzcoa a través de la inmobiliaria donostiarra Urbancasa, que ambos dirigían, fueron condenados ayer por la Audiencia de Guipúzcoa a nueve años y once meses de prisión cada uno por un delito continuado de estafa. Igualmente, deberán pagar una multa de 9.672 euros, indemnizar a los 44 perjudicados con una cantidad superior a los 1,2 millones de euros -más los intereses legales- y no podrán seguir ejerciendo su profesión.

La condena supera la petición inicial del fiscal, quien reclamaba ocho años tras elevar en el transcurso del juicio su solicitud inicial de siete años al estimar que, en muchos casos, los estafados adquirían las casas como su primera vivienda. Sin embargo, resulta inferior a la que solicitaba una parte de las acusaciones particulares, que consideraban que cada delito de estafa debía ser juzgado independientemente. La defensa reclamaba la libre absolución de los dos acusados aduciendo que tenían intención de devolver el dinero estafado y que los afectados "firmaron a sabiendas de lo que firmaban".

Los condenados deberán pagar una indemnización de más de 1,2 millones

El tribunal estima en su sentencia que los acusados iniciaron sus promociones urbanísticas a sabiendas de que no disponían de las licencias pertinentes para comenzar las obras -no era suelo urbanizable- o, simplemente que no eran propietarios de los terrenos. El fallo precisa que el comportamiento de Ferrer y Crespo está "plagado de omisiones e inexactitudes" y resalta que los acusados intentaban "ubicar en el error sistemático a las personas que, confiadas en la lealtad del buen hacer comercial, invertían su dinero ora en la consecución de una morada (los menos), ora en la obtención de un espacio de ocio y recreo (los más)".

Los propietarios de Urbancasa, como explicaron los afectados en el transcurso del juicio, buscaban todo tipo de excusas para justificar el retraso. "Siempre daban largas", fue una de las frases más repetidas.

La sentencia considera a los procesados responsables de una treintena de actuaciones inmobiliarias fraudulentas cometidas en Urnieta y en las localidades navarras de Ablitas, Murchante, Caparroso, Lesaka, Valtierra, Lekunberri, Dicastillo y Tulebras.

Tras descubrirse su actividad, el matrimonio permaneció en paradero desconocido hasta que el 23 de octubre de 2007 fueron detenidos en un control en L'Aldea (Tarragona).

La operación de mayor gravedad por el número de afectados (23), fue una promoción junto a la laguna de Lor, en Ablitas, donde los procesados pretendieron construir en 2004 un total de 60 "casitas de ocio" repartidas en parcelas sobre una superficie de 84.679 metros cuadrados. Esta promoción nunca se levantó porque, según la sentencia, los imputados no llegaron a adquirir los terrenos y carecían del permiso de construcción, que les fue denegado por el Gobierno navarro.

El fallo aclara que, a pesar de que en estas condiciones la obra resultaba "inviable", los responsables de Urbancasa suscribieron con los interesados un documento de reserva a cambio de diferentes cantidades de dinero y, posteriormente, un contrato privado de compraventa, con los que se embolsaron casi 300.000 euros.