La Ertzaintza encargó indagar el espionaje al ex jefe de los imputados

La presunta trama de espionaje investigada por la justicia denominada caso Tellería ha generado tensiones entre el Departamento de Interior y las personas encargadas de las pesquisas, dirigidas por el titular del Juzgado número cuatro, Roberto Ramos, y el Fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre. Uno de los momentos de fricción fue nada más empezar el caso, cuando se descubrió que Aitor Tellería tenía en un disco duro externo seis documentos de word con información sobre varias personalidades alavesas, entre ellas políticos y empresarios.

La Policía autónoma encargó en un primer momento la identificación de los ertzainas que presuntamente suministraron información al agente 3181, ex responsable de la UIA, unidad de Información y Análisis (hoy unidad antiterrorista), que terminaría siendo objeto de la investigación judicial. Allí ejerció de jefe de los dos agentes que terminaron siendo imputados junto a Tellería -Carlos Lau y Jesús Acha-.

Interior recalca que el error se subsanó y la colaboración ha sido "plena"

La justicia ha pedido los datos de los agentes destinados en la UIA en 2008

Tres días después de encargar las diligencias solicitadas por el Ministerio Público, el juez comunicó a la cúpula de la policía vasca que el citado agente no podría seguir dirigiendo la investigación, según parte del sumario del caso a la que ha tenido acceso este diario. El Departamento de Interior resta importancia a lo ocurrido, recalca que el error fue subsanado nada más tenerse conocimiento del mismo y que la colaboración con la justicia ha sido "plena desde el primer momento". El departamento no aclaró por qué el ex responsable de los imputados en la UIA, destinado entonces en la Unidad Disciplinaria de la División de Inspección y Administración de la Ertzaintza (Asuntos Internos), fue nombrado para dirigir la investigación.

El día 31 de mayo de 2010, el Juez Ramos dicta una providencia en la que encarga a la Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial "de forma urgente y a la mayor brevedad posible" [en el texto aparece subrayado y en cursiva] que indague si los alias "Karlitos" y "Axier" [presuntamente, Carlos Lau y Jesús Acha], "supuestos autores de los documentos o archivos" que iniciaron la investigación, pudieran ser agentes de la Ertzaintza.

El juez ordenó también que se verificase si la información incluida en los documentos figuraba en alguna base de datos de la Ertzaintza que tuviese carácter reservado y que Tellería declarase como imputado en la causa el 2 de junio a las diez de la mañana. Lau y Acha terminaron declarando como imputados el día 8 de julio. Al día siguiente, Interior informó que les apartaba de la UIA.

El 2 de junio el magistrado dicta otra providencia: "No habiéndose recibido por parte de la Policía Judicial de la Ertzaintza contestación al oficio anterior del 31.05.10, y teniendo en cuenta su contenido importancia para la toma de declaración del imputado D. Aitor Tellería, se acuerda suspender la declaración".

Ese mismo día, a las 9.15 de la mañana, el juez toma declaración al agente 3181, ex responsable de la UIA durante el periodo investigado y entonces destinado a Asuntos Internos. El magistrado envía un oficio a dos jefes de división, los de la Policía Criminal y la de Inspección y Administración, para comunicarles que "el agente de la Ertzaintza 3181 no podrá seguir dirigiendo la investigación". Ramos solicita, a su vez, un informe a la División de Policía Criminal para que "explique el motivo por el cual la investigación [...] fue derivada a la Unidad Disciplinaria". Asimismo, pide que se informe sobre quién tomó la decisión y quiénes serán a partir de entonces los agentes encargados de las pesquisas. Sobre esto, Interior explica que es habitual que las investigaciones sobre agentes del cuerpo sean derivadas a Asuntos Internos.

El juez ha pedido los datos de todos los agentes destinados en la UIA en Álava en el periodo investigado -la primera parte del año 2008- y es más que probable que varios testifiquen. Un agente cuyo nombre fue citado en los documentos se ha personado como perjudicado en la causa.