Metro defiende su demanda por la huelga "ilegal" y los trabajadores la ven "inconcreta"

La sala (mínima) estaba repleta. Trabajadores de Metro y periodistas, muy juntos en las tres filas de bancos, asistieron ayer al penúltimo capítulo de la huelga del suburbano que paró Madrid durante dos días a finales de junio. "Espero que la prensa haga constar la deficiencia de medios de los juzgados de lo social", reclamó la jueza de la sala 16 tras más de media hora intentando acomodar al público (unas 25 personas más los 10 demandados) en la reducida habitación. La demanda quedó ayer vista para sentencia.

Metro -representado por el prestigioso despacho de abogados Sagardoy, del que la empresa pública no aclara la minuta-pidió que se declaren ilegales y abusivos los paros de los días 29 y 30 de junio, en los que no hubo servicios mínimos. Los sindicatos y miembros de los comités de huelga y de empresa (representados por siete abogados) reclaman que se desestime. Consideran que la demanda de la empresa es "inconcreta, general y vaga" y que persigue amedrentar al personal en futuras convocatorias de huelga, después de que el asunto quedara zanjado en verano.

La demanda se presentó en noviembre contra los comités de huelga y de empresa, los sindicatos convocantes (Conductores, CC OO, UGT, Solidaridad Obrera y Sindicato Libre) y los que no convocaron (Técnicos y Estaciones).Los trabajadores de Metro convocaron el pasado verano una huelga contra la Ley de Medidas Urgentes aprobada por la Comunidad de Madrid que incluía el recorte en las nóminas de los funcionarios que aprobó Zapatero (un 5% menos) y que Madrid extendió a empleados de Metro. Tras los paros y las negociaciones, la reducción se fijó en el 1% (unos 20 euros por sueldo medio de 2.000) en el caso de la plantilla del suburbano.

Metro considera que, durante esa huelga, el servicio se paró totalmente "con premeditación" en los días 29 y 30. La decisión se tomó, según Metro, "mucho antes de que se fijaran los servicios mínimos". El abogado recordó que los trabajadores acordaron a mano alzada en una asamblea del 17 de julio que no saldrían los trenes. EL PAÍS recogió esa información. Los empleados que asistieron a la asamblea aprobaron efectivamente una huelga total si bien ese mismo día, el consejero delegado de Metro, Ignacio González Velayos, confió en que no se llevaría a cabo: "No se me pasa por la cabeza que haya una huelga sin servicios".

En ninguna convocatoria oficial de la huelga ni en las actas de las reuniones celebradas entre Metro y los sindicatos en esos días se recoge afirmación alguna sobre el incumplimiento de servicios mínimos, según reconoció uno de los testigos, el responsable de Recursos Humanos de Metro, Félix Martínez Cachón.

Hubo carraspeo general y ruidoso cuando el letrado de Sagardoy comparó la huelga de Metro con las prácticas "ilegales" de los controladores aéreos, que faltaron de forma masiva y sin convocatoria previa de huelga a los aeropuertos españoles durante el Puente de la Constitución.

Los sindicatos defienden que la demanda es "vaga" porque Metro no ha aclarado cuántos trabajadores faltaron a sus puestos en los días que no hubo servicio, ni estableció relación entre quienes asistieron a las asambleas, quienes faltaron "de forma premeditada" a sus puestos o los que no acudieron porque estaban de baja. Alegaron también "incompetencia territorial" del Juzgado de lo Social de Madrid. Metro tiene trabajadores en municipios como Leganés, Fuenlabrada o Móstoles por lo que señalaron que el juicio debía celebrarse en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La empresa entiende que el único centro de trabajo está en la sede central de Metro situada en el madrileño barrio de Pacífico.

El 17 de julio, Metro y los sindicatos firmaron un acuerdo que ponía fin a la huelga y al conflicto. Este documento, a juicio de los sindicatos, invalida a Metro para volver a pedir cuentas ahora. Por eso creen que la demanda busca "amedrentar" a los trabajadores, "atemorizarles para que no hagan más uso de su derecho a huelga", según el letrado de Comisiones. Entienden, además, que el derecho a huelga es individual, por lo que cada trabajador decidió por su cuenta lo que debía hacer. Los sindicatos alegaron también que hay un recurso abierto contra los servicios mínimos del 50% que consideran "abusivos". Y creen que el servicio no es esencial. "Madrid se movió, con más atasco, con más retraso, pero se movió", valoró la abogada del Sindicato de Conductores.