Un funcionario denuncia presiones por obras de Gürtel

El ingeniero del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón Leopoldo García ha denunciado en un juzgado haber sido sometido a presiones por parte de los responsables del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para que certifique la recepción de una obra municipal cuya adjudicación está siendo investigada por dos jueces: el primero, el instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, y el segundo, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo. "Solo podré firmar el acta de recepción cuando el juez resuelva sobre este asunto, y en las condiciones que fije el mismo y en concreto, respecto a la fecha de inicio de la conservación del parque y el plazo de la misma, y su coste", que pasó de 300.000 euros al año a más del doble.

El afectado calificó de "burrada" pagar un millón de euros por cuidar un parque

Este proyecto se aprobó en el año 2005 y en marzo de 2006 se adjudicó por 4,5 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cárcavas. El grupo empresarial que conforma esa UTE está encabezado por el empresario Alfonso García Pozuelo Asins, uno de los imputados en el caso Gürtel. Con la posterior aprobación de la modificación del proyecto, la obra pasó a costar 11 millones de euros, un 110% más de lo que inicialmente se había aprobado.

El funcionario Leopoldo García presentó un escrito ante el juez en el que denunció haber sido amenazado con la apertura de un expediente disciplinario si no firmaba la recepción de las obras, con cuyos sobrecostes no estaba de acuerdo. En el escrito, este empleado municipal se lamenta también porque estas amenazas eran "un bonito broche de oro a 34 años de funcionario del Ayuntamiento".

Según el documento que obra en poder del juzgado y que sirve de base para la imputación de los responsables municipales, el funcionario se oponía a regularizar las obras al considerar "una burrada" un acuerdo suscrito entre el alcalde de Pozuelo, Antonio Aguado, y el responsable de los trabajos, en el que acordaba fijar el precio del mantenimiento del parque en un millón de euros. Según Leopoldo García, el coste del mantenimiento era de 661.000 euros en tres años, pero con el nuevo acuerdo pasaba a ser de 661.000 euros por un año.

"En concreto", explica este informe remitido al juzgado, "la decisión adoptada era la siguiente: que se abone la totalidad de la partida de conservación, siendo el plazo de un año". "Mi contestación, ante una orden tan insólita y sin sentido es la siguiente: esto es una burrada, va en contra de la adjudicación. No tiene lógica ni nada que se parezca".

La portavoz del PSM en Pozuelo, Eva Izquierdo, indicó que seis meses después de la inauguración del parque, la Junta de Gobierno municipal aprobó el modificado con el que se finalizaban las obras. "Esta aprobación se realizó con un informe contrario de la secretaria general del Ayuntamiento, un informe negativo que se sumó al que emitió el interventor municipal con relación al abono de 625.000 euros por parte del Ayuntamiento a la empresa constructora en concepto de mantenimiento del parque", añadió.

Después de la declaración el 21 de junio del ingeniero municipal Leopoldo García, ahora jubilado, el juez de Pozuelo decidió citar como imputados al actual alcalde, Gonzalo Aguado, que declarará el 28 de febrero; al ex alcalde, Jesús Sepúlveda (también imputado en la trama Gürtel); al actual concejal de Hacienda, José María Mayo; a su predecesor, Roberto Fernández, que declarará hoy a las diez de la mañana; a la concejal expulsada del PP Yolanda Estrada (imputada en la trama Gürtel); y al jefe del departamento de Contratación.

La investigación acerca de la construcción de esta obra municipal se inició tras una denuncia presentada por el PSOE de la localidad en 2008, al considerar ilegal el incremento en el presupuesto para construir el parque,que, según los socialistas, se adjudicó por 4,5 millones de euros y terminó costando 11 millones.

En el auto de citación, el juez ordenó al Ayuntamiento que remita al juzgado copia del proyecto modificado del parque. Asimismo, pedía a la Unidad de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de la Policía Judicial que prosiga con las averiguaciones, en especial con relación al viaje de Bélgica para la adquisición de árboles. Este funcionario reconoció haber participado en un viaje a este país para adquirir un árbol centenario de 109.000 euros: "Como en Bélgica había viveros que disponían de árboles especiales, viajó a Bruselas a fin de elegirlos con el alcalde, el concejal de Urbanismo y la edil de Obras".